El Gobierno de Aragón promoverá la aprobación de una ley autonómica de reforma del servicio de Salud Pública para poner en marcha el Instituto de Salud Pública de Aragón con la intención de «ser un referente» en el conjunto de España, ha anunciado este miércoles el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

En rueda de prensa, Bancalero ha explicado que otras comunidades ya han llevado a término la transformación de este servicio: «Ya llevamos nueve años de retraso» en Aragón, ha dicho, indicando que el Departamento está trabajando en esta reforma desde octubre de 2023 y ha advertido de que es necesario acometer esta actuación para anticiparse a «los nuevos riesgos de salud».

«Debemos trabajar con un enfoque de salud global: Humana, animal y de los ecosistemas, no para restaurar la salud que hayan perdido los individuos, sino para generar salud en las comunidades y la población general», ha expuesto Bancalero, quien ha apostado por mejorar los sistemas de vigilancia y respuesta rápida, así como «prestar más atención a los determinantes sociales de la salud y a la prevención, que ahora generan una verdadera carga y costes asistenciales». Ha aseverado: «Solo enfermando menos podremos hacer sostenible el sistema público de salud«.

Otro objetivo de la reforma es mejorar la coordinación de Salud Pública, los servicios asistenciales y los socio-sanitarios, además de propiciar la mejora continua y la solvencia científico-técnica, lo que requiere «reforzar el marco legal».

Bancalero ha dejado claro que un objetivo «irrenunciable» es atraer y retener talento de los profesionales de la salud pública para resolver la carencia actual de profesionales.

Para llevar a cabo esta reforma, ha comentado el consejero, el Departamento cuenta con el Salud, el Instituto de Ciencias de la Salud, el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón, otros organismos públicos y privados, el ámbito académico e investigador, las sociedades científicas y el clúster de la salud.

El titular de Sanidad ha recalcado que «no se crea ninguna nueva estructura, sino que se transforma la actual Dirección General en un Instituto, de tal manera que se incluye a todos los profesionales», lo que beneficiará la candidatura de Aragón para albergar la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública.

En cuanto a la ubicación, podría mantenerse en el Departamento o trasladarse a la Expo, en Zaragoza, pero «está sin definir». El presupuesto de Salud Pública este año es de 51 millones de euros, lo que representa el 1,8 por ciento del total del Departamento de Sanidad, y el consejero quiere elevarlo al dos por ciento.

La reforma conllevará el incremento de médicos especialistas en salud pública y preventiva, de enfermeras de sanidad familiar y comunitaria, y otras profesiones no sanitarias, como trabajo social. La reforma terminará en 2026, ha continuado Bancalero.

Por otra parte, ha comentado el 25 de junio se celebrará en Zaragoza una reunión de los grupos Impulsor e Institucional de apoyo a la candidatura aragonesa de la agencia estatal y el 27 de junio se reunirán los directores generales de Salud Pública también en Zaragoza. «Esperamos poder tener algún avance positivo«.

El consejero ha destacado algunas ventajas de Aragón para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública, como el ecosistema científico e investigador, «muy potente», y la situación geográfica, así como las comunicaciones con Madrid por AVE. Ha precisado que en Madrid se quedaría el centro de emergencias y coordinación, de manera que no toda la agencia tendría su sede en la capital aragonesa.

PROCESO DE ELABORACIÓN

La directora general de Salud Pública, Nuria Gayán, ha explicado que el pasado mes de octubre comenzó el proceso de participación pública, en el que han participado mas de 450 profesionales de Aragón, con acciones como reuniones de grupos focales y encuestas masivas a todos los profesionales del sector.

Ya se ha creado una unidad de coordinación de alertas de salud pública e impulso a los cribados en la población, al tiempo que se diseña la reforma legal.

Gayán ha indicado que en España hay dos modelos de reforma de este servicio, uno consistente en integrarlo por completo en el sistema asistencial, que es el caso de Extremadura y en parte Andalucía, y otro consiste en crear un organismo público, lo que se realizará en Aragón.