En un anuncio que ha sacudido el panorama financiero, el Ministerio de Hacienda informó hoy que la recaudación del impuesto de solidaridad a las grandes fortunas ha quedado muy por debajo de las expectativas en su primer año de implementación. Según datos proporcionados por el ministerio bajo la dirección de María Jesús Montero, se han recaudado un total de 623 millones de euros, una cifra sorprendentemente baja en comparación con la proyección inicial de 1.500 millones.
La clave de este desfase se encuentra en un error de diseño en la legislación, que permitió a las grandes fortunas en comunidades como Madrid y Andalucía evitar pagar hasta un 80% de este nuevo tributo. Esta situación ha generado una oleada de recursos tanto a nivel particular como a nivel autonómico, con la Comunidad de Madrid anunciando un nuevo recurso ante la Audiencia Nacional.
Según los datos proporcionados por Hacienda, un número muy limitado de contribuyentes, tan solo el 0,1% del total, han presentado la liquidación de este impuesto, siendo aquellos con patrimonios superiores a los tres millones de euros. La cuota media abonada por estos contribuyentes asciende a unos 52.000 euros. La mayoría de estos contribuyentes residen en comunidades autónomas que han decidido no recaudar el impuesto sobre el patrimonio, con Madrid y Galicia a la cabeza.
Para evitar la doble imposición, se permite a los contribuyentes deducirse la cuota ya pagada por patrimonio en su comunidad autónoma. Sin embargo, el error en el diseño del impuesto ha permitido que las grandes fortunas incluyan la cuota de patrimonio, aunque no la hayan pagado debido a deducciones del 100% en comunidades como Madrid y Andalucía. Este fallo, atribuido a la prisa en su implementación, explica en gran medida la baja evaluación.
La mayoría de los contribuyentes afectados se encuentran en Madrid, seguidos por Andalucía y Galicia, y estas tres comunidades representan el 95% de la recaudación total. La Comunidad de Madrid ha expresado su descontento ante esta situación, argumentando que el 89% de la recaudación proviene de su región y ha presentado recursos ante la Audiencia Nacional y el Constitucional.
A pesar de la evaluación por debajo de lo esperado, se prevé una ola de recursos adicionales. Muchos grandes patrimonios, especialmente en Madrid, han tributado menos de lo previsto inicialmente. El objetivo de presentar estos recursos es tenerlos en proceso para una posible resolución a favor en caso de que el Constitucional declare el impuesto como anticonstitucional, como han demandado Madrid y Andalucía.
El tropiezo en la recaudación de este impuesto a las grandes fortunas en su primer año ha dejado en evidencia problemas en su diseño y ha desencadenado una serie de recursos y disputas legales que probablemente continuarán en los próximos meses. Este impuesto forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para modernizar el sistema tributario y avanzar hacia una mayor redistribución de la riqueza.