El Gobierno vasco, liderado por el PNV, ha concedido recientemente cinco nuevos terceros grados a etarras, cuatro de ellos condenados por delitos de sangre. Según fuentes de El Confidencial, uno de los beneficiados es José María Arregui Erostarbe, alias ‘Fiti‘, condenado por el atentado en la casa cuartel de Zaragoza en 1987, que causó once muertos, cinco de ellos niñas menores de edad. Esta es la tercera vez que el Ejecutivo autonómico intenta liberar a este cabecilla de ETA, después de que la Audiencia Nacional revocara las dos anteriores por no cumplir los requisitos.

Otro beneficiado es Juan Carlos Subijana, condenado a 28 años de cárcel por el asesinato del funcionario de prisiones Máximo Casado en 2000. La Audiencia Nacional ya ha revocado tres veces el tercer grado otorgado a Subijana por la Consejería de Justicia del Gobierno vasco.

Estos casos son ejemplos de la estrategia del Gobierno vasco con los presos de ETA, a quienes concede terceros grados a pesar de las objeciones de la justicia. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado que, desde que el Gobierno vasco asumió las competencias penitenciarias en octubre de 2021, se han otorgado 80 terceros grados a 65 presos de ETA, lo que implica que al menos 15 han sido concedidos de nuevo tras ser revocados.

La administración penitenciaria decide el grado en que un preso cumple su condena. Durante años, los terroristas de ETA cumplían sus penas en el primer grado, el más estricto, pero actualmente todos están en el segundo o tercer grado, este último implica semilibertad. Algunas modalidades de tercer grado permiten cumplir la pena en casa con una pulsera telemática. El grado se revisa cada seis meses según informes de las Juntas de Tratamiento de la cárcel.

Desde el traspaso de competencias, la Consejería de Justicia del Gobierno vasco decide sobre los presos de ETA, excepto un pequeño grupo en Pamplona y otro en Francia. La Fiscalía puede recurrir las decisiones ante el juez central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Antes, la concesión del tercer grado permitía la salida del preso hasta que el juez decidiera, pero ahora el recurso de la Fiscalía paraliza la concesión.

En noviembre, el juez José Luis Castro de la Audiencia Nacional aceptó el recurso de la Fiscalía contra la progresión al tercer grado de ‘Fiti’, manteniéndolo en prisión por negarse a pedir perdón a sus víctimas. En 2003, ‘Fiti’ fue condenado a 2.354 años de reclusión por el atentado en Zaragoza, junto a Francisco Múgica Garmendia, alias Pakito. El artículo 72.6 del Código Penal exige que los miembros de ETA muestren signos claros de haber abandonado el terrorismo y colaboren con las autoridades, incluyendo una petición expresa de perdón a las víctimas.

Las víctimas insisten en que estos requisitos se cumplan y denuncian que algunos etarras acceden al tercer grado sin colaborar para esclarecer atentados sin resolver o firmando vagos formularios de arrepentimiento. A la espera de ver si el juez detecta una evolución en ‘Fiti’, su caso y el de Subijana son emblemáticos de las reclamaciones de las víctimas.

Los otros tres beneficiados recientemente son Manuel Miner, condenado por el asesinato del ertzaina Iñaki Totorika Vega en 2001; Garikoitz García, sin víctimas mortales; y José María Novoa, condenado a 30 años por asesinar al guardia civil Alfonso Parada Ulloa en 1998.