Junts vuelve a poner precio a la investidura de Pedro Sánchez: al margen de la amnistía y la autodeterminación, las líneas rojas impuestas en economía para dar sus votos al PSOE se basan en la deuda histórica y la gestión impositiva. Además, la intención de Puigdemont es la de lograr una amnistía desde 2014.
Lo cual, si finalmente el PSOE acepta, supondrá el olvido de la corrupción del clan Pujol, cuyas imputaciones se iniciaron el 16 de diciembre de 2014, y los cargos que pesan sobre Artur Mas. Esto supondría borrar de un plumazo todas las investigaciones contra la corrupción de la familia Pujol, de Artur Mas y, por supuesto, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
En cuanto al aspecto financiero, Junts ha cifrado en 450.000 millones de euros la «deuda histórica del Estado con Cataluña» y ha pedido la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) para reducirlo parcialmente, informa en un comunicado este miércoles.
Además, Junts ha pedido el traspaso de las competencias a la Agència Tributària de Cataluña para que la Generalitat pueda recaudar todos los impuestos y prever, eventualmente, una «cuota de solidaridad entre Cataluña como nación y el Estado español».
Así lo expone la formación liderada por Jordi Turull y Laura Borràs entre las conclusiones que ha presentado su grupo a la Comisión de Estudio sobre la Deuda Histórica del Estado con Cataluña en el Parlament.
La formación que lidera Carles Puigdemont ha calculado la cifra teniendo en cuenta 50.900 millones en déficit de infraestructuras, 375.000 millones en partidas sociales y 30.000 millones en pensiones «en los últimos treinta años de infrafinanciación».
PENSIONES E INFRAESTRUCTURAS
En materia de pensiones, Junts plantea que Cataluña disponga de un sistema propio y crear la Agència de Seguretat Social Catalana, para la cual propone que el Estado transfiera a la Generalitat el importe acordado en concepto de «hucha de pensiones».
En cuanto a las infraestructuras, pide que el Estado «compense la transferencia de la liquidación de presupuestos en infraestructuras que no se han cumplido durante los mandatos del presidente Pedro Sánchez».
Además, insta a «fijar plazos para proceder al pago» de la disposición adicional tercera del Estatut para que Cataluña pueda ejecutar las infraestructuras pendientes, comenzando por el Corredor mediterráneo.
Y propone que el Estado ceda el 19% de los fondos europeos Next Generation con efectos retroactivos y «establecer el método de seguimiento y control de forma anual».