Un intrigante caso recientemente salió a la luz en la prisión alicantina de Fontcalent, donde una reclusa transexual planteó una serie de desafíos legales y logísticos en relación con su identidad de género y su situación en la cárcel. La secuencia de eventos que se desarrolló dentro de los muros de la prisión destaca la complejidad de manejar cuestiones relacionadas con personas transexuales en el sistema penitenciario español.
El protagonista de esta historia es un individuo de origen búlgaro, con un historial delictivo considerable que incluye robos y delitos relacionados con la salud pública. Este reincidente había ingresado previamente en la prisión de Fontcalent en varias ocasiones, siempre identificándose y alojándose en el módulo masculino.
Sin embargo, el caso tomó un giro inesperado cuando esta persona, ya cumpliendo condena, declaró que se auto percibía como mujer. Esta autopercepción llevó a una solicitud de traslado al módulo de mujeres, una solicitud que fue concedida por las autoridades penitenciarias. Una vez en el pabellón femenino, inició una relación con otra interna, resultando en un embarazo.
Los hechos ocurrieron antes de que entrara en vigor la Ley Trans, que permitió el cambio de nombre y género en el Registro Civil sin requisitos médicos específicos. En las prisiones españolas, desde 2006, se ha regido por la «Integración Penitenciaria de Personas Transexuales», una instrucción que considera la auto percepción de género para determinar la ubicación en los módulos. Sin embargo, la implementación de esta instrucción se ha vuelto más compleja debido a la nueva ley.
«La instrucción recoge que, independientemente de si ha habido un cambio registral o no, cuando una persona se percibe de un sexo distinto al que indican sus atributos físicos debe pasar por un estudio psicológico para ver a que módulo se le destina, aunque no haya iniciado el proceso de cambio de sexo, se esté hormonando o no. Pero con la Ley [Trans], esta instrucción ha decaído», explica fuentes conocedoras de la norma.