Cuando determinados sectores del nacionalismo catalán hablan de la Generalitat de Cataluña, parece que están hablando de un ente surgido en el medievo y que es una institución propia y única de este territorio, envuelto en leyendas y con 131 presidentes a sus espaldas, convirtiendo a esta institución en la más antigua del mundo.
Pero la realidad es que aunque tenga el mismo nombre, nada tiene que el actual gobierno de la Generalitat con la institución medieval que funcionó desde el siglo XIV hasta los Decretos de Nueva Planta en el siglo XVIII. De hecho, no se puede llamar ‘presidentes’ a decenas de esos nombres calificados como tal.
En este sentido, la Generalitat de Cataluña tiene un origen común a instituciones similares que también existieron en el resto de territorios que componían la Corona de Aragón, el reino de Valencia, y el propio reino de Aragón, con la Diputación del General.
Fue en tiempos de Pedro IV, El Ceremonioso cuando nació esta institución. En 1362, en una reunión de las Cortes Generales de la Corona, con representantes aragoneses, valencianos, catalanes y mallorquines, se aprobó un impuesto ‘general’ aduanero con el fin de mejorar la situación económica de la Corona, muy debilitada a causa de la guerra de los Dos Pedros entre Aragón y Castilla y por la fuerte crisis provocada por la Peste Negra de 1348.
Posteriormente, las cortes de cara reino designan lo que se vino a llamar ‘diputaciones del general’ para encargarse de recaudar esos impuestos. Con el paso del tiempo, esos órganos se consolidan y llegaron a ser permanentes, ganando importancia y competencias. En Cataluña sucedió en 1413, en Valencia, en 1418 y en Aragón, en 1436.
En el caso aragonés, la Diputación del General, con sede en el palacio de la Diputación del Reino situado entre la Seo y el Pilar, llegó a adquirir carácter representativo de los brazos de las Cortes de Aragón, e incluso tenía competencias en materia de mantenimiento del orden público, la fiscalización de otras instituciones o para vigilar la observancia de los Fueros y Libertades aragonesas.
Estas instituciones propias de Aragón, Cataluña y Valencia persistieron hasta los Decretos de Nueva Planta, cuando Felipe V abolió fueros, leyes propias e instituciones de los territorios de la Corona de Aragón a causa de su apoyo a los Austrias durante la Guerra de Sucesión.