El vicepresidente primero y consejero de Justicia, Alejandro Nolasco, ha afirmado que la aprobación de la Ley Orgánica de Amnistía este jueves supone «uno de los días más trágicos de la democracia española«. Una aprobación que ha calificado como «un ataque brutal contra el régimen constitucional y democrático que todos los españoles acordamos en 1978»; y que «socava la división de poderes, la independencia del poder judicial y vulnera el principio de seguridad jurídica«.
«Se está quebrando el Estado de Derecho desde dentro de la misma cámara que debería velar por su cumplimiento: El Congreso de los Diputados. Y sus responsables son los grupos que conforman y sustentan el Gobierno central», ha analizado.
Por ese motivo, se ha vuelto a reunir el Grupo de Trabajo que prepara el Recurso de Inconstitucionalidad que presentará el Gobierno de Aragón contra la Ley de Amnistía, cuyo coordinador es Alejandro Nolasco; y del que también forman parte la consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández; y los secretarios generales técnicos Juan Pérez Más y Luis Biendicho.
El recurso se encuentra «muy avanzado a falta de los retoques finales» y será de «la mayor calidad jurídica». La comunidad autónoma de Aragón dispondrá de tres meses para su presentación una vez que la Ley Orgánica de Amnistía haya sido publicada en el Boletín Oficial del Estado. Nolasco ha anunciado también que un paso previo será elevar la interposición del Recurso al Consejo de Gobierno.
El vicepresidente primero se ha referido algunas de las «demoledoras conclusiones del dictamen del Consejo Consultivo de Aragón«, que fue dado a conocer el pasado 14 de mayo por al portavoz de Gobierno y vicepresidenta segunda, Mar Vaquero; y el propio Alejandro Nolasco:
-Se trata de una ley que exime de responsabilidad únicamente a las personas que cometieron ciertos hechos en un periodo de tiempo concreto. Es una situación de arbitrariedad que vulnera el mismo trato ante la justicia que merecen todos los españoles.
-Se está premiando a quienes han cometido delitos de desobediencia, desórdenes públicos y resistencia durante el denominado proceso independentista catalán, en el que se incluye la consulta inconstitucional del 9 de noviembre de 2014 y del referéndum inconstitucional del 1 de octubre de 2017. Al menos 372 personas que no asumen las responsabilidades penales, administrativas y contables que establece la ley.
-La amnistía ha sido una exigencia de grupos políticos independentistas para otorgar sus votos en la investidura parlamentaria del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez. La Ley de Amnistía es la contrapartida exigida por los votos que permiten el acceso al poder, por lo que se trata de un caso de desviación de poder”. Así lo definió, insisto, el dictamen del Consejo Consultivo.
-La amnistía por los graves delitos cometidos en el proceso independentista catalán no afecta únicamente a la realidad social y política de Cataluña; sino a toda España, por lo que la Ley de Amnistía responde tan sólo al interés particular de los partidos independentistas catalanes y sus líderes; y no al interés general de la sociedad española.
Igualmente, Nolasco ha recordado que el 1 de noviembre de 2023, la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la asociación mayoritaria de la judicatura, «emitió un comunicado expresando su máximo rechazo a la Ley de Amnistía porque supone el principio del fin de la democracia española”. En dicho comunicado, expresaron que “no es admisible en la Constitución Española de 1978” y que “pone en cuestión la labor de los jueces españoles que aplicaron las leyes ordinarias democráticamente elaboradas por el poder legislativo”.
El consejero de Justicia del ejecutivo autonómico ha acusado al presidente del Gobierno central de «sacar la apisonadora contra todo principio democrático para blindarse en lo que ellos mismos saben que es inconstitucional, valiéndose de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General». En esta línea, ha criticado que «el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, retrasó su apoyo a los distintos fiscales que instruyen causas contra los delitos del separatismo«. «Hasta 19 fiscales del Supremo firmaron una carta reprochando el silencio de su jefe ante las injuriosas insinuaciones sobre un supuesto lawfare», ha afirmado.
«Los aragoneses pueden tener la certeza de que el Gobierno de Aragón siempre velará por ellos porque nadie está por encima de la ley. Aragón no es una comunidad de segunda ni de tercera, por más que el Gobierno central muestre su empeño en pisotearnos continuamente. La seguridad jurídica, el cumplimiento de las normas y la garantía de la independencia del poder judicial son siempre unas premisas fundamentales que marcan cualquier actuación de este Gobierno de Aragón, que tiene plena legitimidad para presentar este recurso», ha concluido.