El Gobierno de Aragón ha presentado un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía para Cataluña, argumentando que vulnera la igualdad ante la ley y los principios de separación de poderes. Según los servicios jurídicos aragoneses, la amnistía permite la impunidad de ciertos delitos políticos cometidos en Cataluña, excluyendo estos casos del control judicial y favoreciendo a un grupo específico, lo que genera una quiebra del Estado de Derecho.
El recurso destaca que la Constitución no prevé la amnistía, y al excluir a estos individuos de las consecuencias legales de sus actos, se violan principios básicos como la seguridad jurídica, la legalidad y la interdicción de la arbitrariedad. También se critica que el proceso de aprobación de la ley, con un trámite urgente, ha limitado la participación democrática.
El dictamen del Consejo Consultivo de Aragón avala la legitimidad de la comunidad para impugnar esta norma, basándose en los vínculos históricos, sociales y económicos entre Aragón y Cataluña, tal como refleja el Estatuto de Autonomía aragonés. Además, señala que la amnistía afecta a la unidad de la nación, en la que tanto Aragón como Cataluña están integrados.
El recurso de Aragón se suma al rechazo expresado por otras once comunidades autónomas, que han anunciado sus propios recursos de inconstitucionalidad. Las Cortes de Aragón ya habían aprobado en junio la presentación de este recurso, tras un informe jurídico que identificaba las irregularidades de la ley. Además, diversas asociaciones y colectivos jurídicos han manifestado su rechazo a esta normativa por considerarla inconstitucional.
LEY DE AMNISTÍA
La Ley de Amnistía fue aprobada en el Congreso en marzo de 2024 y ratificada en mayo, tras superar el veto del Senado. Su origen se remonta al acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya, que incluyó esta legislación para resolver el conflicto catalán. Sin embargo, el Gobierno de Aragón sostiene que la ley colisiona de forma irreconciliable con el derecho a la igualdad y exige una reforma constitucional previa para su aprobación, algo que no ha ocurrido.
El ejecutivo aragonés ha expresado una firme oposición a la ley desde el inicio de su tramitación, y estableció un grupo de trabajo para evaluar su impacto. El gobierno regional insiste en que la Ley de Amnistía es una herramienta que se ha utilizado con fines políticos, afectando gravemente a la justicia y a la igualdad de los ciudadanos en todo el territorio español.