Un grupo de ciudadanos han presentado un recurso en el que reclaman el fin de los confinamientos y de las restricciones por considerar que el Presidente de la Comunidad Autónoma, Javier Lambán, no tenía competencia para decretarlos. Y lo consideran inconstitucional.
Una situación que de manera sorpresiva ha provocado la anulación de dicho decreto de restricciones de movilidad que ordenaba el confinamiento perimetral de la Comunidad y de sus provincias, y ha aprobado otro de contenido similar que prolonga las medidas acordadas en el anterior hasta el próximo 20 de diciembre.
El decreto firmado el 4 de noviembre por el presidente aragonés, Javier Lambán, fue recurrido la pasada semana por el letrado Santiago Palazón en nombre de una decena de ciudadanos anónimos que consideraban que las restricciones acordadas no se ajustaban a la legalidad constitucional.
La sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) había emplazado al Ejecutivo regional a pronunciarse respecto al recurso presentado, antes de pronunciarse, con carácter de urgencia, sobre las medidas cautelares solicitadas por los demandantes de suspensión del primer decreto.
Los magistrados han conocido la derogación del primer decreto de restricción de la movilidad ayer, en el plazo que le había sido dado al Gobierno aragonés para responder a la demanda antes de las 10,00 horas de la jornada.
En declaraciones a Efe, Palazón ha admitido que la derogación del decreto inicial inutiliza el recurso presentado por sus clientes, pero ha anunciado la presentación de otro a lo largo de la jornada de mañana contra el segundo decreto, con la petición de medidas cautelarísimas para tratar de bloquear su entrada en vigor.
Según este letrado, la cuestión de base suscitada es la misma y se deriva de la presunta inconstitucionalidad de la decisión del Gobierno de España de delegar en los ejecutivos autonómicos las restricciones de movilidad establecidas en el decreto de estado de alarma, una declaración, ha añadido, que no incluiría el toque de queda.
En su escrito, según pudo saber HOY ARAGÓN, exponía dos argumentos fundamentales: que el órgano competente para dirimir estas cuestiones legales no es el TSJA sino el Tribunal Supremo, y que los confinamientos obedecen al esfuerzo que se está haciendo para contener el covid y que estas medidas son imprescindibles para luchar contra la pandemia.
A pesar de que el Gobierno aragonés ha alegado en tiempo y forma que la competencia para dirimir la demanda debería de corresponder al Tribunal Supremo, unas horas más tarde se ha anunciado la derogación del decreto y la aprobación de otro con la extensión en el tiempo de las restricciones.
Palazón, que ha expresado sus dudas de que el presidente aragonés hubiera firmado el nuevo decreto el pasado día 27, ha insistido en la voluntad de sus clientes de presentar un nuevo recurso ante la decisión del Ejecutivo regional de, ha subrayado, de tratar de eludir el control judicial de sus decisiones.