El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Zaragoza ha anulado el acuerdo del Consejo de Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas de 2021 por el que se aprobaba la concesión de ayudas para el alumnado en situación de exclusión o riesgo social o situación de vulnerabilidad económica de centros escolares concertados de la capital aragonesa.
La magistrada titular del juzgado, Alejandra Esteban, entiende que el acuerdo es contrario a Derecho, ya que, como argumentaba el grupo municipal del PSOE en el recurso que presentó contra el acuerdo, no se hacía extensible al alumnado en la misma situación de la escuela pública.
Un recurso basado, en opinión de los demandantes, en la discriminación que las ayudas implicaba para todas las familias vulnerables de la escuela pública, centros que, como ha resaltado, asumen una mayor carga de este tipo de alumnado.
Los grupos municipales del PSOE, Podemos y Zec, IU, los sindicatos CGT y CCOO y las federaciones de barrios (FABZ) y de padres y madres de alumnos Fapar presentaron sendos recursos.
Por su parte, en una rueda de prensa previa, la portavoz del grupo socialista, Lola Ranera, ha advertido que no pretenden que los centros concertados que se beneficiaron de la ayuda la devuelvan sino que se amplíe el derecho y que «si se van a dar ayudas para extraescolares, se dan para los dos colegios».
La concejal de Educación del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espinosa, ha acusado al PSOE y a las organizaciones que recurrieron las ayudas de «dejar tiradas» a las familias que las recibían.
Espinosa ha preguntado al grupo del PSOE y a sus «socios de la ultraizquierda» si «se creen que todos los niños de la escuela concertada van al colegio en Mercedes» y les ha acusado de «sectarismo y de apostar desde el inicio por acabar con estas ayudas planteadas para acabar con una situación histórica de desigualdad que durante años fomentan el PSOE y la izquierda».
Según la concejala delegada de Educación, la sentencia, que estudian ahora los servicios jurídicos municipales, genera una situación «crítica, porque muchos niños no podrán cursar a priori estas actividades«.