La esperada subida salarial pactada con los sindicatos a finales de 2022 en el ‘Acuerdo Marco’ para una Administración del siglo XXI ha sido aprobada por el Consejo de Ministros. Según afirmó José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y de Función Pública, los funcionarios empezarán a cobrar «de forma inmediata».
Con esta medida, los funcionarios recibirán en la próxima nómina la subida de sueldo del 2,5% con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Esto significa que los salarios aumentarán no solo en el futuro, sino que también incluirán los atrasos correspondientes a los meses de enero a junio.
Este incremento salarial forma parte de un acuerdo más amplio entre el Gobierno y los sindicatos, que contempla subidas salariales para tres años basadas en parámetros relacionados con el IPC y el PIB. Para 2024, se acordó una subida fija del 2%, más un 0,5% adicional si el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de 2022, 2023 y 2024 superaba el 8%. Con un IPCA del 5,5% en 2022 y del 3,3% en 2023, ya se ha superado el límite para aplicar ese 0,5% adicional.
En total, esta medida beneficiará a 3,5 millones de personas, incluyendo funcionarios, empleados públicos y otros tipos de personal asalariado, de los cuales el 60% trabaja en las comunidades autónomas, según la Encuesta de Población Activa (EPA). La paguilla extra derivada de los atrasos se estima en unos 300 euros, aunque la cantidad exacta variará dependiendo del puesto desempeñado.
El retraso en la implementación de esta medida se debió a varias circunstancias. Inicialmente, el Gobierno intentó incluir el incremento en el decreto anticrisis para enfrentar la crisis originada por la guerra en Ucrania, previsto para ser aprobado en abril. Sin embargo, el adelanto electoral en Cataluña frustró estos planes.
A pesar de la aprobación de esta subida salarial, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mantenido la huelga del 27 de junio. La CSIF reclama un nuevo acuerdo salarial y mejoras en la oferta de empleo público, argumentando que esta medida llega con seis meses de retraso.