La petición del expresidente catalán, Carles Puigdemont, de una ley de amnistía como condición para iniciar las conversaciones para un pacto por la investidura de Pedro Sánchez, ha enfrentado críticas de figuras prominentes del PSOE. Entre los más críticos están Felipe González, Alfonso Guerra y Ramón Jáuregui, que han mostrado su rechazo público en los últimos días.
En recientes declaraciones, el expresidente González afirmó que tal amnistía, en el marco de la Constitución actual, sería un reconocimiento implícito de que las acciones durante el «procés» catalán fueron correctas y que podrían repetirse en el futuro.
Por su parte, Alfonso Guerra, exvicepresidente del Gobierno, fue aún más crítico, describiendo la propuesta de amnistía como «la condena de la Transición» y un engaño de los independentistas.
La postura fue compartida por el exministro Jáuregui, quien cuestionó la constitucionalidad de tal ley, calificándola como una aprobación de actos contra el Estado. Además, Joaquín Almunia, ex secretario general del PSOE, sugiere que se debe reflexionar sobre el interés general de la sociedad antes de considerar una amnistía.
Mientras tanto, el exlíder del PSE, Nicolás Redondo, argumenta que pactar una amnistía con alguien que ha eludido juicios en España sería un desafío directo al sistema establecido en 1978. El exministro Jordi Sevilla, en una breve declaración en la red social X, tras escuchar a Puigdemont, simplemente solicitó elecciones.
Frente a estos comentarios, el PSOE subraya que cada opinión es válida y recalca la necesidad de abordar la política con un enfoque contemporáneo. La dirección del partido evita declaraciones directas sobre las negociaciones con Junts y reitera que la Constitución sigue siendo el marco central de cualquier discusión. El Tribunal Constitucional, dicen, será la autoridad final en decidir la legalidad de cualquier ley de amnistía.
Por último, Emiliano García-Page y Javier Lambán, líderes socialistas en activo, también han expresado sus reservas, sugiriendo que tal propuesta no solo es inconstitucional, sino que también podría amenazar la estabilidad del orden constitucional actual.