El vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco (Pamplona, 1991) tiene el encargo de gestionar uno de los asuntos más espinosos de una comunidad que pertenece a la conocida como España Vaciada: la creciente despoblación. Entre otros asuntos, este político de Vox de poco más de 30 años lleva ya una meteórica carrera desde el año 2019. De ser concejal en el ayuntamiento turolense a ser vicepresidente en un gobierno de PP-Vox con el liderazgo de Jorge Azcón.

Durante los próximos cuatro años deberá liderar una consejería con cargo de vicepresidencia en asuntos como la despoblación y Justicia. Pero aún más tiempo le llevará el papel de estar al tanto de cada una de las consejerías, las propias de Vox y las ajenas del PP, para ejercer de fedatario del acuerdo suscrito entre ambos partidos. En el horizonte, los posibles pactos de PP y Vox para gobernar conjuntamente en Zaragoza o Huesca.

PREGUNTA. El Gobierno aragonés está planteando un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía. ¿Cuáles son los argumentos jurídicos que plantean?

Principalmente porque rompe la igualdad entre los españoles y porque no está previsto en la Constitución. Esto es una cosa importante, porque la Constitución no prevé ningún tipo de amnistía, que ese sería el argumento fundamental. Luego evidentemente porque todos los tipos penales se han de aplicar de la misma manera y no puede haber excepcionalidades según quien comete el delito. Estamos hablando de una amnistía arbitraria que por unos mismos hechos según quién lo cometa se amnistía o no.

Como jurista y miembro de un gobierno autonómico, ¿cree que existen pocos contrapesos en el Estado que limiten decisiones políticas como la amnistía? 

Los contrapesos son necesarios. El problema es que este gobierno ha roto con la división de poderes. El Ejecutivo, Legislativo y Judicial funcionan y no hay ningún problema entre ellos. El problema es cuando son los políticos los que eligen a los jueces, que hay intromisiones que al final lo que hacen es que todo depende del poder político. No es que el sistema esté mal planteado de base sino que luego se hace mal uso de esos contrapesos. Se pervierten las instituciones con artimañas políticas. Por ejemplo, que el presidente del Tribunal Constitucional siempre diga lo mismo que el presidente de turno. Han sido varios países, incluso la Unión Europea, los que han dicho que el nivel de seguridad jurídica que hay en España y de cumplimiento de la legalidad está descendiendo.

En campaña electoral reconoció que el sistema autonómico ha perjudicado a Aragón, una vez que es vicepresidente de una comunidad autónoma, ¿sigue pensando igual?

Sigo pensando totalmente igual. Aragón siempre ha sido una de las comunidades más leales y de las más castigadas. Es decir, el reparto de fondos no ha sido para nada equitativo. No tenemos elementos ,por suerte, extorsionadores como tienen País Vasco y Cataluña para exigir al Estado central a cambio de para bienes políticos. Evidentemente que hemos estado en inferioridad con respecto a otras comunidades. Aquí cada comunidad es como un reino de taifas y esto no puede ser. Una cosa es la descentralización administrativa, que estamos de acuerdo, y otra cosa son las estructuras administrativas tal y como están montadas.

En Bruselas afirmó que la población de Zaragoza distorsiona el problema de la vertebración en Aragón a la hora de pedir fondos europeos. ¿Cómo se puede solucionar?

Lo que nos pide Europa es que hagamos una serie de mapas no administrativos, que no tienen que ver con la capital que es Zaragoza. Entonces lo que pedimos es que nos acepten esas áreas no administrativas para diseñar un plan contra la despoblación. Si se tiene en cuenta el conjunto de la comunidad entera, se sacan los números y consideran que somos ricos porque tenemos tanto territorio y tanta gente de media. Hay que ser reconocidos con esas áreas no administrativas para que valoren más las cabeceras de comarca más pequeñas y así podremos recibir ayudas por esas áreas. Cuando hablo de pedir fondos, evidentemente la Unión Europea mete a Zaragoza capital en la ecuación. Y hay zonas como Daroca o Belchite que están igual o peor que otras zonas de Huesca y Teruel.

Da la sensación, en ocasiones, que ningún político se atreve a afirmar que la despoblación no tiene solución y que cientos de pueblos aragoneses están condenados a morir en 25 años.

No tiene porqué ser así. Estoy convencido de que estamos en una época en la que va a haber un éxodo hacia lo rural, antes los que se iban eran del campo en un éxodo urbano. Vamos a plantear inversiones fuertes y vamos a hacer más banda ancha y mejoras en cobertura móvil. Así podrá trabajar quien quiere montar un negocio online, por ejemplo. 

Una de las promesas de Jorge Azcón fue la aplicación de las ayudas al funcionamiento, que consiste en la reducción de un 20% de las cuotas sociales a nuevos empleos. ¿Cree que es posible su aplicación con el actual gobierno de España?

Ojalá fuera posible. Las dudas que tenemos es que si el anterior Gobierno de España, que es el mismo de ahora, no lo hizo teniendo el apoyo del diputado de Teruel Existe, dudo mucho que lo vaya a hacer ahora. Además es que el Gobierno nacional tiene otros sin intereses, como amnistiar a delincuentes.

Anunció un plan de fiscalidad diferenciada en las zonas más perjudicadas por la despoblación. ¿Cuándo estará en vigor y en qué consiste?

En la segunda disposición adicional de la Ley de Dinaminación Rural se planteaban algún alguna rebajas fiscales, pero nos parece que son insuficientes. Tienen que ver muchísimas más y de una manera mucho más contundente para que realmente influya en el bolsillo de los ciudadanos. El plan de fiscalidad diferenciada lo estamos haciendo todavía.

Su homólogo en Castilla y León planteó un paquete de ayudas para favorecer la natalidad. ¿Cree que Aragón debería ser ambicioso con un plan similar?

Me parece una buena medida porque, evidentemente, la natalidad en zonas de Aragón es tan baja que hay, literalmente, pueblos muriendo. Hay que tomar medidas que vayan en esa línea.

Los recientes casos de violencia hacia la mujer muestran un déficit de medios de la administración de Justicia y de la Policía para defender y atender a las víctimas que han denunciado y que están en un riesgo elevado de sufrir agresiones. ¿Ha fallado el sistema? ¿Cree que deberían darse más medios policiales y judiciales? 

En ocasiones, las informaciones que se conocen a veces son sesgadas o sectarias y llegan a través de medios de comunicación que no dicen cuál es el perfil de los agresores, porque hay una relación evidente entre este tipo de delitos y la inmigración ilegal. Se ha demostrado que la ley del ‘sólo sí es sí’ solo ha servido para para poner en la calle a cientos de agresores sexuales y rebajar las penas a otros muchos. Estas leyes de género son propaganda política y muchas de ellas solo han servido para aumentar los casos de violencia contra la mujer. Somos el único partido que hemos pedido que haya cadena perpetua revisable para violadores y para reincidentes. En este sentido, claro que hay que poner más medios para luchar contra este tipo de violencia y para todas las que existen.

Tras 100 días de gobierno entre PP y Vox: ¿siente que tiene una consejería con suficiente peso político? ¿Hay relación y coordinación entre las consejerías aunque sean de partidos distintos?

La Consejería, y se habló desde el principio, tiene un carácter transversal y así lo estamos demostrando. Tenemos actuaciones compartidas con todas las consejerías, con Fomento para tratar sobre la vivienda siempre con la perspectiva de la despoblación o en Educación hablamos para actuar en el transporte escolar en sitios despoblados.

Por ejemplo, mi área relacionada con la despoblación pasa de 0 a 23 millones, el Fondo de Cohesión que gestionó aumenta de 3 a 19 millones o Justicia aumenta un 8%. El gobierno anterior no tenía iniciativas en despoblación porque no creía en ella. Creía que no había despoblación y nosotros hemos creado un área con el rango de Vicepresidencia primera.

La entrada de Vox en ayuntamientos gobernados por el PP, como Huesca o Zaragoza, se planteó hace pocas semanas. ¿Cree que será posible en 2024? ¿Lo da por hecho?

No me corresponde hacer valoraciones sobre los ayuntamientos porque soy el presidente de Vox Teruel. En cambio, en el tema de Huesca hemos dicho que nosotros no vamos a por sillones sino que vamos a que las políticas de Vox entren en el Ayuntamiento de Huesca. Por el momento no está en la mesa entrar en el gobierno. Sobre futuribles no me voy a pronunciar. En el caso de Zaragoza, esa posición de entrar o no entrar en el ayuntamiento no se ha planteado.