La consejera de Presidencia, Interior y Cultura, Tomasa Hernández, ha presentado este miércoles en el Consejo de Gobierno la orden sobre el Plan para la Preservación de la Concordia en Aragón, inspirado en la Constitución de 1978 y en el espíritu de la Transición. Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda y portavoz, Mar Vaquero, en la tradicional rueda de prensa posterior.
Tal y como ha explicado la portavoz del Ejecutivo autonómico, el citado plan pone en el centro a la Constitución de 1978 y tiene como objetivos preservar y fortalecer la concordia, la reconciliación y la convivencia entre todos los aragoneses; favorecer las políticas públicas de concordia democrática, como uno de los elementos más sensiblemente ligados a la salvaguarda y promoción de valores como la libertad, la igualdad y la dignidad humana; y reconocer la dignidad de aquellos que fueron víctimas de violencia por motivos ideológicos.
PILARES BÁSICOS DE LA DEMOCRACIA
Mar Vaquero ha realizado un alegato en favor del “respeto” como “principio básico” en cualquier sistema democrático. “El Plan respeta la reconciliación que cimentaron los pilares básicos de nuestra democracia, las decisiones que adoptan las Cortes de Aragón y la Ley, con la Constitución como norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico”, ha relatado.
Por su parte, la consejera de Presidencia, Interior y Cultura ha subrayado que “donde hay que incardinar el plan es en el artículo 10 de la Constitución, en el que habla de la dignidad y del respeto. Concordia como respeto, como superación de las diferencias”. Por esa razón “jamás se debe eliminar el pluralismo político”, que es “bueno e imprescindible para la democracia”.
“Si leen detenidamente este artículo de la Constitución, este consenso es la base del orden político y de la paz social. Por eso no hay que levantar muros sino tender puentes. Esto es lo que conseguiremos con este plan, que hará que lleguemos al 50 aniversario de la Constitución en el 2028 con ciertos objetivos cumplidos«, ha añadido.
DIGNIDAD
Tomasa Hernández ha mostrado su confianza en “poder construir un espacio en la comunidad autónoma donde el respeto y la concordia hagan posible la superación de las discrepancias que son normales y naturales en una democracia”. Para ella, lo más relevante del Plan de Concordia es “atender a la dignidad, pero también al respeto como se aprecia en ese artículo. La dignidad va unida a derechos inviolables, pero el respeto es imprescindible».
Asimismo, Mar Vaquero ha recordado que el presupuesto de 2024 contiene un incremento del 10% en la partida dedicada a exhumaciones, llegando a alcanzar los 110.000 euros. También ha dado a conocer que el Gobierno de Aragón ya ha definido las ocho actuaciones que se realizarán con fondos propios del Ejecutivo autonómico. “Nuestra intención es ejecutar al 100% de la partida para exhumaciones y pruebas de ADN, frente a lo que sucedía en anualidades anteriores”, ha asegurado.
LOS RELATORES DE LA ONU Y SU RELACIÓN CON ARAGÓN Y EL PLAN DE CONCORDIA
Según ha publicado ‘The Objective’, el Gobierno de Pedro Sánchez hizo en 2023 una contribución de 10.000 euros para apoyar el mandato del relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, el argentino Morris Tidball-Binz. Se trata de uno de los tres responsables de Naciones Unidas que a principios de mayo instaron al Ejecutivo a que «tomase las medidas necesarias» para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia tramitadas por PP y Vox en Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.
«Las llamadas leyes de ‘concordia’ aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos», se indicó en el documento de la ONU.
Como también se indica en ‘The Objective’, Moncloa se apoyó en las recomendaciones de Salvioli, Baldé y Tidball-Binz para justificar y presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la norma de Aragón, con el fin de que el Tribunal Constitucional «defienda la democracia y no vulnere los derechos de las víctimas del franquismo», según explicó el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.