La compra de mascarillas fraudulentas durante la época de la pandemia sigue trayendo cola en varias autonomías. Desde el estallido del ‘caso Koldo‘ por la compra ‘fake’ de mascarillas o las comisiones abultadísimas y millonarias a la decisión del Gobierno de Aragón de investigar la compra de 10.000 mascarillas falsas y defectuosas durante el Gobierno de Javier Lambán.
En concreto, según transcendió, el Gobierno aragonés adquirió este volumen de mascarillas por la urgencia sanitaria en lo más duro de la pandemia. Sin embargo, el pedido que se solicitó fue completamente fraudulento y defectuoso.
Por todo ello, el gobierno aragonés que lidera Jorge Azcón llevará a la Fiscalía el expediente de compra para que que se esclarezcan los hechos y se depuren las posibles responsabilidades penales y civiles. En principio, todo apunta a un posible delito de estafa.
Según ha asegurado la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín, «si se ha estafado a los aragoneses con dinero público, la obligación de este Gobierno es trasladar los hechos a la Fiscalía para analizar si hay algún tipo de delito de estafa a los aragoneses«, además, se hizo en un momento en «el que se estaba sufriendo muchísimo en las residencias«.
La consejera ha estimado que el empresario obtuvo un beneficio patrimonial de 25.382 euros, además del coste correspondiente al transporte internacional de todo el material adquirido, tras vender un producto que presentaba defectos parciales.
Según consta en el expediente del Instituto de Servicios Sociales (IASS) del 2 de abril de 2020, el gobierno anterior liderado por el socialista Javier Lambán realizó un pago anticipado al Grupo Santacatalina por un total de 244.570 euros por el material solicitado.
Sin embargo, más tarde se descubrió que 10.000 mascarillas FFP2 y FFP3, adquiridas a 4,15 euros por unidad, no cumplían con los estándares adecuados para uso sanitario.
Susín ha reiterado que «el actual Gobierno de Aragón va a completar la obligación legal que el anterior Gobierno incumplió pese a haber advertido en un requerimiento a la empresa que sirvió las mascarillas defectuosas que llevaría a cabo acciones legales para reclamar la devolución del dinero por la mercancía defectuosa».
En palabras de la consejera, el gobierno de Lambán culminó con un escrito dirigido a la empresa donde se advertía que se podrían tomar acciones legales, pero “nunca se llegaron a tomar”.
MASCARILLAS CINCO VECES MÁS CARAS
En la actualidad, las mascarillas permanecen almacenadas en los sótanos de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar. Según la documentación relacionada con la operación, estas mascarillas fueron adquiridas a un precio superior al estándar del mercado.
Sin embargo, posteriormente se descubrió que las mascarillas de uso médico no cumplían con los estándares requeridos.
Este es el hecho que, exponía Susín, podría ser constitutivo de delito de estafa, ya que el material recibido no cumplía con las características acordadas, a pesar de haber sido pagado más de cinco veces más caro, lo que sugiere una posible acción consciente y deliberada por parte de la empresa vendedora.
La compañía, con sede en Países Bajos, falsificó un certificado para ocultar la verdadera naturaleza y eficacia del material adquirido. Esto fue descubierto a través de un requerimiento enviado por el Ejecutivo anterior en agosto de 2020, cuatro meses después de la operación.
Ante esta situación, el Gobierno actual, liderado por Jorge Azcón, tomará medidas legales para recuperar el dinero lo antes posible, según declaraciones de la consejera de Bienestar Social y Familia.