El Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón, ha aprobado un anteproyecto de ley que busca implementar impuestos medioambientales sobre la explotación de parques eólicos y fotovoltaicos.
Esta medida busca compensar el impacto ecológico que estas instalaciones pueden causar en el entorno natural y se estima que pueda generar alrededor de 30 millones de euros anuales para las arcas del gobierno a partir de 2024.
Este movimiento también contempla una revisión del impuesto medioambiental sobre instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, con el objetivo de intensificar la protección y conservación del medio ambiente.
En declaraciones a los medios, la vicepresidenta segunda y portavoz del Ejecutivo, Mar Vaquero, manifestó que el Gobierno busca, a través de este impuesto, impulsar la calidad de servicios públicos sin aumentar de forma excesiva la presión fiscal sobre los ciudadanos.
A pesar del compromiso del Gobierno de Aragón con las energías renovables, que ve como una oportunidad para que la región asuma el liderazgo en la producción energética sostenible, existe la conciencia de que estas instalaciones, aunque representen una fuente de energía inagotable, no están exentas de causar ciertos daños al medio ambiente.
El anteproyecto ahora deberá seguir el proceso legislativo pertinente, siendo debatido y aprobado en las Cortes de Aragón antes de convertirse en ley.
Entre las razones esgrimidas para la creación de estos nuevos impuestos, se destaca el impacto que estas instalaciones pueden tener en el entorno, especialmente en términos de infraestructura y el efecto visual que causan.
Se considera el posible daño ambiental que las infraestructuras adicionales, como las líneas de transmisión y transformadores, puedan provocar.
La base para calcular estos impuestos será variable. En el caso de los parques eólicos, se considerará, por ejemplo, la suma de la altura de la torre y el radio del rotor de los aerogeneradores.
En cuanto a los parques fotovoltaicos, estarán exentas las instalaciones destinadas al autoconsumo sin excedentes. Sin embargo, se gravarán aquellas que no estén ubicadas en tejados o cubiertas de edificaciones.
Este anuncio ha generado expectativas y debates en diversos sectores, ya que mientras desde el lado ecologista aplauden la iniciativa como una manera de equilibrar el desarrollo sostenible con la protección del medio ambiente, desde el sector de las renovables temen que pueda frenar el impulso de las energías renovables en la región.