En un giro que marca un antes y un después en la política fiscal española, el acuerdo de investidura alcanzado entre el PSOE y Esquerra Republicana ha sentado las bases para la reestructuración de las deudas autonómicas vinculadas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
La decisión de condonar el 20% de la deuda de las comunidades que participan en este sistema representa un alivio financiero, sobre todo para Cataluña, la comunidad más endeudada a través de este mecanismo.
Sin embargo, los números evidencian una clara desigualdad entre comunidades. No sólo entre las que cumplen y no tienen una deuda disparada, sino en aquellas comunidades que la condonación es mucho menor que la que tendría Cataluña. Los números detallan que el trato de favor a Cataluña es más que evidente en este pacto de investidura, donde se incluyen otros asuntos como la amnistía de los condenados por el procés.
El FLA, que fue concebido como un salvavidas económico para las autonomías, permitía acceder a financiación estatal en lugar de enfrentarse a los mercados internacionales en un clima convulso para la economía.
Sin embargo, esta línea de crédito no ha sido devuelta y, en cambio, ha generado una deuda considerable para las regiones implicadas, alcanzando una cifra global que ronda los 72 mil millones de euros solo en el caso de Cataluña. Una cifra astronómica que contrasta con otras como Madrid, que no tiene nada de deuda.
El gobierno central, siguiendo el compromiso adquirido en el pacto con ERC, se apresta a condonar 15.000 millones de euros de la deuda catalana, una medida que, de implementarse a nivel de todas las comunidades de régimen común -sin contar con País Vasco y Navarra-, beneficiará hasta a catorce autonomías.
Este compromiso se materializaría mediante una modificación legal que establecería la asunción parcial de las deudas autonómicas por parte del Estado.
No obstante, la medida ha avivado ciertos agravios comparativos entre las autonomías. Mientras que en Cataluña la condonación per cápita ascendería a unos 1.832 euros, en Aragón este alivio sería considerablemente menor, cifrándose en 746 euros por habitante. Esto marca una diferencia de más de 1.000 euros con respecto a Cataluña. E incluso la condonación de la deuda sería menor que a la media española, que está en 843 euros. Los aragoneses aún estaríamos más perjudicados por 97 euros de diferencia.
El debate se centra en la búsqueda de un equilibrio entre la equidad territorial y la eficiencia en la gestión de la deuda pública. La disparidad en las cifras condonadas ha suscitado un debate sobre el tratamiento diferenciado entre comunidades, especialmente cuando se considera el especial régimen foral de País Vasco y Navarra, que operan bajo un sistema financiero distinto.