La propuesta de establecer una jornada laboral máxima de 37,5 horas, fruto del acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar, ha generado inquietud entre el sector empresarial. Según las estimaciones de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en Aragón, esta medida tendría un «shock a corto plazo» en la economía regional, reflejado en una disminución de 1.237 millones de euros en el Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad.
Esta proyección, centrada en el impacto inmediato y suponiendo que no se implementen medidas para mejorar la productividad, considera que esta última es «imprescindible en España». La cifra presentada por CEOE Aragón se obtuvo al aplicar el porcentaje de reducción de jornada al PIB producido por los asalariados del sector privado en Aragón con contrato a tiempo completo.
En un comunicado emitido por la entidad, se critica la propuesta de los partidos firmantes del acuerdo, señalando una «falta de conocimiento de la realidad del tejido productivo» y un «escaso respeto por el diálogo y los agentes sociales».
La CEOE Aragón argumenta que la duración de la jornada laboral debería ser acordada mediante negociación colectiva anual, adaptándose a las necesidades específicas de cada sector y empresa, sin intervenciones externas y unilaterales.
El comunicado añade que la propuesta no puede ser implementada uniformemente en todo el espectro empresarial. Se percibe como «una limitación de las posibilidades de adaptar la producción y actividad a la demanda», lo que podría impactar negativamente en la competitividad de las empresas y, por ende, en el empleo actual y futuro.
Con un tono crítico, el escrito sostiene que promover una medida así es «populista e irresponsable», y reprocha la falta de análisis y negociación previa. La CEOE subraya la importancia de abordar un «análisis serio y profundo» con todos los agentes sociales sobre la baja productividad que ha caracterizado a la economía española.
Finalmente, la entidad recuerda la actual situación de ralentización económica que vive España, con el crecimiento del PIB reduciéndose del 4% del primer trimestre al 1,8% en el tercero, y advierte sobre la necesidad de considerar este contexto al tomar decisiones que puedan influir en la trayectoria económica de la nación.