Es un problema que viene de lejos y que en los últimos meses se está intentando solucionar por parte de la Administración: no hay suficiente vivienda protegida y, en gran parte, se debe al parón burocrático que había sufrido en años anteriores. Ahora, cuando la situación económica ha permitido generar empleo y que el volumen de ciudadanos que buscan su primera residencia crezca, no hay suficiente VPO y la vivienda libre supone un coste que, para este perfil de cliente, puede no ser asumible.
Tradicionalmente, la vía ante esta situación era el alquiler, pero con unos precios muy inflados debido a la escasa oferta, provoca que muchos potenciales compradores se vean atados de pies y manos. La VPO vendría, en este contexto, como agua de mayo, pero la realidad es la que dicen los fríos datos: durante los meses de enero y febrero de este año se vendieron en Zaragoza capital un total de 139 viviendas protegidas. Esto supone solo un 7,39% del total que se comercializaron.
Fuentes del sector inmobiliario consultadas por HOY ARAGÓN señalan que el procedimiento administrativo municipal sí está funcionando. De hecho, en 2023 el Ayuntamiento concedió un total de 78 licencias de obra, el mejor dato desde 2010. Estas 78 licencias supone la construcción de un total de 1.934 viviendas, una cifra que no se veía desde 2010.
EL GOBIERNO DE ARAGÓN ESTÁ LOGRANDO REDUCIR LOS PLAZOS
El tapón, que persiste desde la pasada legislatura, se encuentra en la expedición de las certificaciones provisionales del Gobierno de Aragón, necesarias para iniciar las obras una vez se ha aprobado la licencia municipal. Esta documentación, que solía tardar entre 60 y 90 días, ha llegado a prolongarse un año y medio, si bien la actual Administración está logrando reducir los plazos.
Esta situación ha provocado que muchos de los potenciales clientes, ante la incertidumbre de cuándo se construirán las viviendas, hayan optado por desistir y buscar una alternativa. En enero de este año, según informaron los promotores, estaban paradas en Zaragoza un total de 1.124 viviendas, la mayor parte de ellas en Arcosur, de las que el Gobierno actual ha logrado dar salida a una buena parte.
Es decir, la oferta está desbloqueándose, pero no alcanza a dar respuesta a una gran demanda generada por la buena marcha en la generación de empleo, lo que provoca que muchos jóvenes puedan plantearse adquirir una VPO.
A ello se suma la cuestión económica de lo que vale construir viviendas VPO. Fuentes de promotoras coinciden en señalar que la normativa de la vivienda protegida debería revisarse, dado que los costes de producción han aumentado y eso provoca que apenas sea rentable construir este tipo de inmuebles. Por ello, desde el sector proponen soluciones publico-privadas para lograr paliar este problema.