El Congreso ha aprobado este jueves, con 177 votos a favor y 172 en contra, la propuesta de ley de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Esta iniciativa fue acordada por el PSOE con Junts y ERC, y permitió la investidura de Pedro Sánchez hace seis meses.

En una jornada calificada como «histórica» por las fuerzas políticas independentistas y de izquierdas, solo el PP, Vox y UPN se han opuesto desde la tribuna a una ley que elimina todos los delitos y responsabilidades administrativas y contables relacionados con el ‘procés’ y cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023.

Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), lo cual no ocurrirá mañana mismo, los jueces serán los encargados de aplicar la ley. Sin embargo, varios discursos han expresado preocupación por la posibilidad de que los jueces retrasen la implementación efectiva de la amnistía recurriendo al Constitucional o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

¿A QUIÉN BENEFICIARÁ LA LEY DE AMNISTÍA?

Aunque la ley no recoge nombres, estos serían los principales beneficiados:

– Carles Puigdemont (Junts). El ex presidente catalán tiene tres frentes abiertos. En el Tribunal Supremo (TS) está procesado por desobediencia y malversación por el referéndum del 1-O. El instructor Pablo Llarena está a la espera de tomarle declaración indagatoria para poder avanzar hacia juicio. Tiene una orden de detención nacional, pero la euroorden está desactivada.

También es uno de los 35 ex altos cargos que en noviembre fueron juzgados en el Tribunal de Cuentas (TCu) por la responsabilidad contable derivada del supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior del ‘procés’. Fiscalía les reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria. Sociedad Civil Catalana les pide hasta 5 millones.

Además, el TS ha abierto causa penal en su contra por posibles delitos de terrorismo enmarcados en los disturbios atribuidos a ‘Tsunami Democràtic’ tras la sentencia del ‘procés’. La magistrada instructora Susana Polo tiene pendiente tomarle declaración voluntaria entre el 17 y el 21 de junio.

– Oriol Junqueras (ERC). El ex vicepresidente catalán fue condenado en 2019 por el TS a 13 años de cárcel e inhabilitación por sedición y malversación, aunque en 2021 se le indultó la pena de cárcel. El pasado febrero, se cambió su condena a desobediencia y malversación por la reforma penal que derogó la sedición. También fue juzgado en el TCu.

– Artur Mas y Francesc Homs. El ex president y su ex consejero fueron condenados por el TCu a devolver al Govern algo más de 4,9 millones de euros (más 1 millón en intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014. También están en la causa abierta en el TCu por los gastos del 1-O y de la acción exterior del ‘procés’.

– Toni Comín (Junts). El ex consejero catalán y eurodiputado está procesado en el TS por desobediencia y malversación por el 1-O. Llarena también aguarda a tomarle declaración indagatoria. Tiene una orden nacional de busca y captura en su contra. Y fue otro de los juzgados por el TCu.

– Clara Ponsatí (Junts). La ex consejera catalana y eurodiputada está procesada en el Supremo por desobediencia por el 1-O. Tras ser detenida hasta dos veces en Barcelona, finalmente Llarena pudo recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Falta que la Sala de lo Penal se pronuncie sobre los siguientes pasos. En su caso, ya no tiene orden de detención nacional y, al estar acusada de un delito sin cárcel, no es posible cursar euroorden. Es otra de las juzgadas por el TCu.

– Lluís Puig (Junts). El ex consejero catalán está procesado en el TS por desobediencia y malversación. El instructor del ‘procés’ tampoco ha podido tomarle declaración indagatoria, por lo que mantiene la orden nacional de detención en su contra para ello. También ha sido juzgado por el TCu.

– Marta Rovira (ERC). La secretaria general de ERC, que permanece huida en Suiza, está procesada en el TS por desobediencia por el 1-O. Llarena mantiene la orden de detención nacional en su contra para poder recibir su declaración indagatoria y concluir sumario. Además, está investigada en la Audiencia Nacional por ‘Tsunami Democràtic’.

– Raül Romeva (ERC), Jordi Turull (Junts) y Dolors Bassa (ERC). Los tres ex consejeros fueron condenados por el TS a 12 años de prisión e inhabilitación por sedición y malversación. El Gobierno indultó su pena de prisión, pero permanecen inhabilitados por desobediencia y malversación, la nueva calificación que fijó el Supremo tras la reforma penal que derogó la sedición. Fueron juzgados por el TCu.

– Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. El ex presidente de la ANC y el de Òmnium, respectivamente, fueron condenados por el TS a 9 años de prisión e inhabilitación por un delito de sedición. El Gobierno también perdonó sus penas de prisión y el Supremo revisó sus casos por la citada reforma penal sustituyendo dicho delito por desórdenes públicos, lo que extingió sus inhabilitaciones. Son otros de los juzgados en el TCu.

– Carme Forcadell (ERC), Josep Rull (Junts) y Joaquim Forn (Junts). El Supremo condenó a la ex presidenta del Parlament y a los ex consejeros a penas de hasta 11 años y medio de prisión e inhabilitación por sedición. El Gobierno les indultó la cárcel y luego sus casos fueron examinados tras el último cambio penal, que supuso reemplazar dicho delito por desórdenes públicos. Esta modificación extingió sus penas de inhabilitación. También han respondido ante el TCu.

LAS ANTIGUAS ‘REBELDES’

– Anna Gabriel. El Supremo procesó a la ex diputada de la CUP en el Parlament por desobediencia por su supuesta participación en la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) de Cataluña. Tras permanecer fugada en Suiza, en 2022 se presentó en el TS, que concluyó sumario y envió la causa a la Audiencia de Barcelona al no estar aforada.

– Meritxell Serret. La consejera catalana también se entregó al TS. Regresó de Bélgica en 2021 y en 2023 fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a 1 año de inhabilitación por desobediencia por su participación en el 1-O.

‘VOLÓH’, LOS PREPARATIVOS Y EL ESCOLTA

– Josep Lluís Alay y Xavier Vendrell. El jefe de la oficina de Puigdemont y el ex consejero de ERC se encuentran investigados en un Juzgado de Barcelona por ‘Voloh’, caso en el que se indaga en el presunto desvío de fondos públicos al independentismo. También están imputados en la AN por ‘Tsunami’.

– Natàlia Garriga, Josep María Jové y Lluís Salvadó. La consejera catalana, el ex secretario general de Vicepresidencia de la Generalitat, y el ex secretario de Hacienda del Govern están a la espera de juicio en el TSJC por los preparativos del 1-O.

– Miquel Buch. El ex consejero fue condenado a 4 años y medio de cárcel por designar al mosso d’esquadra Lluís Escolà como cargo de confianza para escoltar a Puigdemont en el extranjero tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

– Lluís Escolá. Fue condenado a 4 años de cárcel y 10 de inhabilitación por malversación.

LOS 12 CDR Y ‘TSUNAMI DEMOCRÀTIC’

– Los CDR: La AN propuso juzgar a los 12 miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) procesados por pertenencia a organización terrorista que, según el juez, planearon ocupar el Parlament y participaron en cortes de carreteras.

– ‘Tsunami Democràtic’: La plataforma está investigada por los disturbios que presuntamente habría organizado tras las condenas por el ‘procés’ en 2019: desde el intento de asalto del aeropuerto de El Prat, al corte de la frontera de la Jonquera o las protestas frente a la Jefatura de la Policía en Vía Layetana.

– El exdiputado de ERC en el Parlament Ruben Wagensgberg, que tiene causa abierta en el TS por presunto terrorismo en ‘Tsunami’.