Un septuagenario se sentará mañana ante el Juzgado de lo Penal número 3 de Teruel, acusado de amenazar con una pistola de juguete, de apariencia real, a una médica y a una enfermera que acudieron a su domicilio en Burbáguena (Teruel) durante el auge de la pandemia por COVID-19.
El Ministerio Fiscal propone una condena de 4 meses por un delito contra la autoridad, incorporando una eximente incompleta al estar el acusado bajo influencia del alcohol. Además, exige indemnizaciones de 2.500 euros y 3.000 euros respectivamente a la médica y a la enfermera por el trastorno de estrés postraumático sufrido, situación que les llevó a incapacitarse por varios meses.
La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), que representa a las víctimas, solicita 2 años de prisión por el delito de atentado, un año adicional por lesiones, e incluye a la hermana del acusado en la acusación, exigiendo para ella un año de cárcel por amenazas y agresiones físicas a los sanitarios.
El incidente tuvo lugar el 2 de mayo de 2020, cuando las sanitarias acudieron a la vivienda para tratar la enfermedad que el hombre padecía, enolismo (cirrosis crónica). A su llegada, fueron confrontadas de forma agresiva tanto por la hermana como por el acusado. Él apareció en escena portando una pistola de juguete, apuntándoles y, eventualmente, accionando el gatillo. Las sanitarias creyeron que su vida estaba en peligro.
Las profesionales fueron forzadas a abandonar la residencia y no pudieron documentar el incidente con fotografías, ya que la hermana se lo impidió.
El sindicato CSIF informó que, a raíz del trauma sufrido, ambas profesionales solicitaron el traslado desde su centro de salud en Báguena a Zaragoza. Una de las víctimas relató: «Sentía que iba a morir ahí. Sólo pensaba en mi familia».
La CSIF subrayó el aumento de agresiones al personal sanitario, con 482 casos reportados en Aragón el año pasado. Debido a esto, el sindicato insta a implementar medidas de seguridad adicionales y brindar más apoyo a las víctimas de estas agresiones.