La operación policial tenía lugar ayer por la tarde en la localidad zaragozana de Ateca. La Guardia Civil detenía a, al menos, cuatro personas, dos de ellas hermanos, en el Centro de Atención a Menores de esta villa de la Comarca de Calatayud.
Las investigaciones podrían haber comenzado tras la denuncia de posibles abusos físicos y psicológicos a otros menores dentro del centro por parte de algunos trabajadores del mismo.
La información de dicha investigación, a última hora de ayer, todavía no había llegado si quiera a los abogados defensores de los detenidos. La Guardia Civil tan solo se dedicaba a confirmar oficialmente dicho operativo. Una labor policial que sigue abierta y podría acabar con más detenciones.
Entre los detenidos podría estar también el director del centro pero de momento las acusaciones podrían centrarse en cuatro trabajadores de este centro que se encargarían de trabajar con los menores y atenderles en el día a día.
El gobierno aragonés publicaba una hora después de que la noticia saltase llenase titulares en prensa, una nota en la que explicaba que el centro está concertado y ofrece un programa especializado de apoyo intensivo a menores, preferentemente hasta 17 años, que presentan conductas disruptivas recurrentes y con nulo o escaso apoyo familiar.
«Están dentro de este recurso por autorización judicial y debido a un trastorno de conducta grave diagnosticado ante el que un juez estima que no puede permanecer en su entorno primario, con su familia», explicaban en la nota desde el Gobierno de Aragón.
Tras esta breve explicación de la gestión del centro, procedían a añadir que la principal preocupación del Instituto Aragonés de Servicios Sociales es «garantizar el bienestar y la seguridad de los menores que permanecen en este centro y en eso estamos trabajando con la entidad gestora desde la Subdirección de Protección a la Infancia y Tutela y la Dirección Provincial del IASS en Zaragoza».
Acababan este comunicado diciendo que, tanto el IASS como el Gobierno de Aragón están a disposición de cualquier instancia o institución que pueda requerir de su colaboración en las investigaciones en curso. «Reiteramos la importancia de respetar y preservar el interés superior de todos los menores implicados«, concluían.
UNA DENUNCIA DE FAMILIARES DE INTERNOS
Este centro está gestionado por la fundación Salud y Comunidad y el grupo Lagunduz, y de las 20 plazas con las que cuenta el centro en estos momentos estarían ocupadas 17 en régimen abierto.
En la página web de la fundación explican que trabajan con un programa con carácter temporal y transitorio, cuya duración recomendable es de un máximo de nueve meses prorrogables a otros tres, pero que podrá sufrir adaptaciones dependiendo de las necesidades y edades que presente cada menor.
El objetivo final de este programa, dicen, es el desarrollo de las potencialidades y la integración personal y social de estos menores, o bien el acceso posterior a otros centros, itinerarios o programas gestionados por el IASS, una vez se haya logrado el grado de estabilización necesario que precise cada menor.
Apuntan a un amplio y variado programa de actividades orientadas a dotar de una estructura y planificación del día, trabajando con los menores en cada una de las mismas habilidades y herramientas sociales.
Para ello, añaden, cuentan con un equipo de profesionales conformado por la dirección, profesionales del ámbito de los servicios generales, cocina, limpieza, mantenimiento, educadores y auxiliares educativos, trabajador/a social, psicólogo/a, médico/a, enfermero/a, y psiquiatra.
Precisamente el caso se centraría en una parte de los trabajadores de este equipo y podría haberse originado a raíz de una denuncia efectuada por familiares de algunos de los internos que podría haber sido víctima de estos abusos.