El Gobierno de Aragón va a trasladar al Ministerio Fiscal el expediente de los contratos de mascarillas «defectuosas» compradas en el año 2020 al Grupo Santacatalina.
El objetivo es «el esclarecimiento de los hechos en cuanto a los mismos pudieran llegar a ser constitutivos de un delito de estafa», tipificado en el artículo 248 del Código Penal. La cantidad que se va a reclamar en los juzgados asciende a más de 25.000 euros.
La historia es la siguiente. El Ejecutivo aragonés adquirió un lote de mascarillas, en total 10.000 unidades, que resultaron ser defectuosas y fraudulentas. Este contrato dejó un beneficio total para la empresa de 25.382,31 euros, debido a que las mascarillas fueron adquiridas a un precio de 4,15 euros en vez del coste usual de 0,75 euros.
«El material recibido no reunía las características comprometidas por las que se había acordado ese pago más de cinco veces mayor en lo que puede constituir una actuación consciente y deliberada por parte de la empresa vendedora», ha asegurado.
En este sentido, ha detallado que el importe abonado anticipadamente en esta operación de compraventa el 2 de abril de 2020 fue de 244.570 euros desglosados en dos facturas. Además, ha especificado que el importe facturado al IASS por el material suministrado que se consideró defectuoso asciende a 41.500 euros por 10.000 mascarillas calificadas por la empresa suministradora «de uso médico» y que demostraron no cumplir con la consideración de ser FFP2 ni FFP3.
«En expediente se encuentra una factura, expedida en inglés, emitida por la empresa del Grupo Santa Catalina donde se indica claramente que las 10.000 mascarillas no son de uso médico», ha aseverado la consejera de Bienestar Social.
¿QUIÉN ES EL GRUPO SANTA CATALINA?
Además del lío jurídico en el que está envuelto el Grupo Santa Catalina con este contrato de mascarillas con Aragón, fuentes del Ejecutivo autonómico han precisado que al frente de dicha sociedad mercantil se encontraba Emilio Santa Catalina «que fue denunciado por el Gobierno de Canarias por intento de estafa con la venta de vacunas» de la Covid-19.
Del coste de las mascarillas defectuosas, ha apuntado que se tiene que resta el importe de 16.117,69 euros, incluidos en la segunda factura como saldo favorable y pendiente de pago a favor de la compañía y que el IASS no ingresó una vez certificó que el material incumplía las especificaciones acordadas. También, ha añadido que las mascarillas deficientes permanecen en la actualidad en los sótanos de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar.
La compañía que ha realizado esta transacción, según Susín, simuló además un certificado que falseaba la naturaleza del material adquirido y su efectividad, tal y como ya constaba en un requerimiento enviado por el Ejecutivo anterior en agosto de 2020, cuatro meses después de la operación.
Por ello, Susín ha calificado como una «dejación de funciones» del anterior Ejecutivo aragonés al no poner en marcha un procedimiento judicial para reclamar el dinero. No obstante, ha apostillado que si remitieron un escrito dirigido a la empresa «donde se advertía que se podían tomar acciones legales y nunca se llegaron a tomar».
Finalmente, ha insistido que lo que se traslada al Ministerio Fiscal es el expediente para que se haga la reclamación a la empresa que defraudó al Gobierno de Aragón.
«Estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de estafa tipificado en el artículo 248 del Código Penal», ha concluido la consejera de Bienestar Social y Familia.