La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) debe enfrentar un inesperado giro administrativo y político tras la reciente renuncia de su directora general, Raquel Fuertes. Designada hace menos de tres meses por el pleno de las Cortes de Aragón, Fuertes ha sido obligada a abandonar su cargo debido a la negativa del Gobierno central de concederle la excedencia forzosa, un derecho que había sido otorgado a sus predecesores en circunstancias similares.
La salida de Fuertes, respaldada en su nombramiento por PP, Vox, y PAR, con la abstención del resto de grupos, había marcado el mayor respaldo en la historia de la corporación. Ahora, su forzada renuncia plantea interrogantes sobre la estabilidad y la gestión futura de la CARTV.
LA DECISIÓN DEL GOBIERNO: NO A LA EXCEDENCIA DE RAQUEL FUERTES
La notificación de esta decisión, firmada por Luis Hernández Jiménez-Casquet, subdirector general de Recursos Humanos del Ministerio de Política Territorial, llegó a Fuertes el viernes por la mañana, empujándola a solicitar su reincorporación inmediata a su anterior puesto como periodista en la Delegación del Gobierno en Aragón, efectiva a partir del próximo lunes.
Este revés ha desencadenado una respuesta rápida por parte de Antonio Suárez, presidente del consejo de administración de la CARTV, quien ha convocado un consejo extraordinario urgente para este sábado, buscando abordar la situación generada por la abrupta salida de Fuertes. Se espera que Ana Jimeno, directora de Medios y Contenidos, asuma de manera interina las funciones de dirección, mientras se resuelve la demanda que Fuertes planea interponer para defender su derecho a la excedencia.
La controversia se centra en la interpretación del IV Convenio Colectivo para el personal laboral de la Administración General del Estado, específicamente en su artículo 95.7, que limita la concesión de la excedencia forzosa a cargos públicos electos, excluyendo aquellos de designación. La Delegación del Gobierno ha señalado un «error» en la resolución, argumentando que Fuertes solicitó la excedencia bajo el amparo del Estatuto de los Trabajadores, que sí contempla su situación.
El caso ha generado un revuelo político en la región, con voces dentro del PSOE-Aragón calificando la decisión de «injusticia» y expresando su incomprensión ante la negativa a un derecho previamente reconocido a otros directores generales de la corporación, quienes también eran personal laboral de la Administración y recibieron la excedencia forzosa.