La comarca de La Ribagorza ha elevado su voz en contra de la instalación de macroparques solares en la Ribagorza, destacando su firme oposición al proyecto «Avejaruco Solar» en Secastilla y La Puebla de Castro. Numerosos alcaldes, vecinos y formaciones políticas, como Aragón Existe, han llevado su queja a todas las instancias para que el planteamiento energético no se construya.
Este proyecto, que busca instalar más de 85.000 módulos fotovoltaicos en 110 hectáreas de terreno, ha suscitado preocupación por sus posibles impactos negativos tanto en el paisaje como en el medio ambiente de la región.
EL PLAN DEL GRUPO IGNIS
«Avejaruco Solar» es solo uno de varios parques planeados por el Grupo Ignis Equity Holdings en Ribagorza y Somontano, incluyendo áreas como Graus, Benabarre, Hoz y Costean, El Grado y Barbastro.
La oposición a estos proyectos no solo proviene de grupos ciudadanos y formaciones políticas, sino también de los Ayuntamientos de la Puebla de Castro (PSOE) y Secastilla (PP). Ambos municipios están en proceso de modificar sus planes generales de ordenación urbana (PGOU) para bloquear la realización del proyecto fotovoltaico.
Según Aragón Existe, el desarrollo de «Avejaruco Solar» implicaría la expropiación de suelos agrícolas fértiles, perjudicando así al sector primario, que representa la principal fuente económica y de empleo en las localidades afectadas. La formación argumenta que este proyecto provocaría más daños económicos que beneficios para los municipios involucrados.
En solidaridad con los habitantes de la Ribagorza, Aragón Existe ha respaldado las iniciativas de la plataforma ‘Ribagorza no se Vende‘, la cual ha iniciado una campaña de alegaciones y acciones destinadas a detener la construcción de este macroparque solar.
Entre los motivos de preocupación se encuentran la protección de especies en peligro como el quebrantahuesos, el águila azor perdicera y el milano real, así como la afectación a áreas protegidas de la red Natura 2000 y la utilización indebida de monte público. Además, se han señalado posibles irregularidades legales, incluyendo la ausencia de un estudio de impacto arqueológico y un período de información pública reducido, contrario a lo estipulado por la ley.