El servicio gratuito de asesoramiento jurídico para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas en Zaragoza ha gestionado 318 casos en sus tres años de funcionamiento, con 54 consultas atendidas solo en 2023.
Este servicio, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza (Reicaz), ha sido detallado por el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, y el coordinador de la oficina, el letrado Juan Salanova. En concreto, sólo un distrito de Zaragoza concentra el 28,4 % de los casos de ocupación ilegal atendidos por el servicio de asesoramiento jurídico.
En su primer año, en 2021, se atendió al 60% de los casos, mientras que en 2022 y 2023 se abordaron aproximadamente el 20% de los asuntos cada año. El Casco Histórico lidera la lista de distritos afectados con el 20 % de las consultas, seguido por Las Delicias (17 %) y Las Fuentes (7 %), entre otros.
Se ha observado que el 10,3% de las ocupaciones involucraban situaciones de vulnerabilidad social, siendo informados los servicios sociales del Ayuntamiento para su intervención. Respecto al estado judicial de estos casos, el 38,58% ya han iniciado trámites legales, el 35,43% lo está considerando, y el 25,98% descarta la vía judicial por el momento.
Los propietarios de viviendas representan el 69% de los consultantes, seguidos por las comunidades de propietarios (24%) y vecinos particulares (4%). En 2023, el 70% de las consultas provinieron de propietarios de viviendas ocupadas, seguidos por vecinos afectados y comunidades de vecinos.
El tercer trimestre de 2023 registró un aumento en los casos, especialmente en agosto, atribuido a movimientos vacacionales que facilitan las ocupaciones. Salanova señaló que las ocupaciones con fines económicos, delictivos (relacionados con el tráfico de drogas), y por vulnerabilidad o necesidad de vivienda, son los tipos más comunes.
Los casos habituales incluyen viviendas desocupadas por herencia o traslado del propietario a residencias, generando un impacto económico y emocional. También se citan ocupaciones en inmuebles en venta o en alquiler temporal.
Salanova destacó la función social del servicio, atendiendo principalmente a personas con bajos ingresos, sin abogado de referencia y que se sienten desamparadas por el sistema.