La cifra es de las más bajas del resto de las comunidades. Aragón recibirá 141,3 millones de euros de los 7.000 millones de ayudas directas aprobado por el Gobierno para apoyar a las empresas de los sectores más dañados por la pandemia del coronavirus. En términos porcentuales, supone un 2% del total del dinero que se destina.
Según la orden del Ministerio de Hacienda con la que se concretan las cantidades por regiones en función a una serie de criterios y que publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras Canarias y Andalucía con 1.144 millones y 1.109 millones de euros, respectivamente, está Cataluña, con 993,2 millones asignados; Baleares, con 855,7 millones; Madrid con 679,2 millones y la Comunidad Valenciana, con 647 millones.
Entre todas estas comunidades aglutinan el 77,5 % de los 7.000 millones en ayudas directas que las regiones gestionarán en el marco del paquete de ayudas de 11.000 millones de euros aprobado por el Gobierno para ayudar a las empresas.
Entre las restantes, Galicia recibe 234,4 millones; Asturias, 107,7 millones; Cantabria, 55 millones; La Rioja, 32,5 millones y Murcia, 142,5 millones.
Aragón tiene consignados 141,3 millones, Castilla La Mancha, 206,3 millones; Extremadura, 106,4 millones; Castilla y León, 232,5 millones; País Vasco, 218 millones; Navarra, 67 millones; Ceuta, 13,8 millones y Melilla, 12,2 millones.
El Gobierno ya había avanzado que de esos 7.000 millones, 2.000 millones se repartirían entre Canarias y Baleares y 5.000 millones entre el resto de comunidades.
Para fijar el reparto, Hacienda ha tenido en cuenta una serie de criterios, los mismos que usarán para el reparto de los anteriores fondos, como son el indicador de renta de cada comunidad autónoma, desempleo en general y paro juvenil o número de trabajadores en ERTE.
Junto a los 7.000 millones en ayudas directas, el plan contempla otros 3.000 millones de euros para avales destinados a reestructurar deuda de las empresas y 1.000 millones de euros para la creación de un fondo de recapitalización para reforzar los balances de empresas medianas que sean viables a medio y largo plazo