El Peaje de Huerna, un punto crucial en el trayecto entre Asturias y León a través de la AP-66, ha sido el centro de atención desde su inauguración en agosto de 1983. Este tramo de pago, que abarca 77,8 kilómetros y cuenta con 16,9 kilómetros de túneles debido a la complicada topografía del terreno, ha sido objeto de controversia debido a la extensión de su concesión más allá de lo previsto inicialmente.
Aucalsa, la empresa concesionaria de la vía, ha estado a cargo de su explotación desde su apertura, y según el contrato original, la concesión debía finalizar en octubre de 2021. Sin embargo, una prórroga otorgada en el año 2000 por el Gobierno del Partido Popular extendió el contrato hasta 2050, generando disputas y preocupaciones legales.
En 2021, Daniel Ripa, diputado de Podemos en Asturias, denunció la extensión del contrato ante la Unión Europea, alegando que no se habían seguido las directrices europeas adecuadas. En respuesta, la Dirección General de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes abrió un expediente a España, solicitando explicaciones al Gobierno sobre la situación.
La Comisión Europea sostiene que la prórroga del contrato no garantizó la igualdad de oportunidades para otros operadores interesados, lo que constituye una violación de las normativas de contratación de la Unión Europea. Además, se ha señalado que la extensión del contrato se realizó con el objetivo de privatizar la empresa estatal Enausa, lo que llevó a una venta por 1.586 millones de euros.
En medio de esta disputa legal, se han planteado preocupaciones sobre el impacto económico para los usuarios. Actualmente, el Peaje de Huerna es uno de los más caros de España, con un costo de 15 euros en 2024, lo que ha generado críticas y demandas de su eliminación.
La decisión de la Unión Europea ha sido recibida con satisfacción por parte de algunos sectores políticos locales, como Podemos Asturies, que insta al Gobierno español a reconocer la ilegalidad de la prórroga y eliminar el peaje. Mientras tanto, el Gobierno estudia posibles soluciones, como una rebaja en el costo para los usuarios habituales.
Este caso recuerda un precedente en Italia, donde la Comisión Europea impugnó la ampliación de un peaje entre Livorno y Civitavechia. Finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea intervino y revocó la extensión del contrato. En el caso del Peaje de Huerna, el desenlace aún está por verse, pero las repercusiones podrían ser significativas tanto para los usuarios como para las políticas de concesión de peajes en toda Europa.