Diversas asociaciones judiciales de España han expresado su firme oposición frente a las menciones de «lawfare» o judicialización de la política incluidas en el acuerdo suscrito entre el PSOE y Junts, que busca facilitar la formación de gobierno.
En un comunicado conjunto, organizaciones como la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Jueces y Juezas por la Democracia y el Foro Judicial Independiente, han manifestado su preocupación por lo que consideran una intromisión en la independencia judicial.
El documento político en cuestión propone la creación de comisiones parlamentarias para investigar posibles instancias donde se perciba una judicialización de la política.
Las asociaciones firmantes advierten que esta medida podría traducirse en una revisión parlamentaria de los procedimientos y decisiones judiciales, lo que a su juicio representa una amenaza directa al principio de separación de poderes consagrado en la Constitución Española.
El rechazo de las asociaciones se fundamenta en la convicción de que los jueces deben estar sometidos únicamente al imperio de la ley, tal y como lo estipula el artículo 117.1 de la Carta Magna.
Según las entidades judiciales, las insinuaciones contenidas en el acuerdo podrían reflejar una falta de confianza en el sistema judicial del país, una situación que consideran inadmisible.
Las asociaciones recalcan que el Poder Judicial en España opera con independencia y no está sujeto a presiones políticas, contando con un robusto sistema de garantías jurisdiccionales que asegura la correcta administración de justicia y elimina cualquier riesgo de influencia indebida.
Esta unión de asociaciones judiciales busca así salvaguardar la autonomía judicial y reafirmar la importancia de mantener los pilares democráticos que separan y equilibran los poderes del Estado, elementos que ven amenazados por los términos del acuerdo para la investidura discutido entre las formaciones políticas de PSOE y Junts.
En un acto de defensa de la integridad judicial, las asociaciones mencionadas han puesto de manifiesto su disposición a luchar contra cualquier tentativa de debilitar la independencia judicial, elemento clave en el mantenimiento de un Estado de Derecho saludable y justo.