El PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo que allana el camino para la investidura de Pedro Sánchez en los próximos días, según fuentes de la negociación. Santos Cerdán, el principal negociador del PSOE, afirma que se ha cerrado «el acuerdo político y la ley de amnistía», aunque la firma solo haya abarcado la primera parte entre ambos partidos.

A pesar de posibles detalles pendientes, Cerdán asegura que la ley de amnistía está acordada y subraya que no se trata solo de un pacto de investidura, sino de una legislatura completa con estabilidad por cuatro años.

Según Cerdán, la ley de amnistía incluirá a todas las personas vinculadas con el procés entre 2012 y 2023, excluyendo a quienes no estén relacionados con la crisis independentista en Cataluña y sus protestas. Solo falta la firma del acuerdo con el PNV, pero los socialistas indican que está muy avanzado y a punto de cerrarse.

Además de la amnistía, el pacto abarca un acuerdo político que establece una mesa de diálogo entre partidos con un mediador. Cerdán aclara que en este pacto político se incluye una mesa de diálogo donde se abordará el conflicto político, permitiendo que cada partido exponga sus posiciones. En este contexto, Junts abogará por el referéndum de autodeterminación. Sin embargo, el número tres del PSOE destaca que los socialistas siempre respetarán la Constitución, por lo que el referéndum de autodeterminación quedaría descartado.

Este es el contenido del documento de cuatro páginas en el que se recoge la intención de que el acuerdo perdure a lo largo de la legislatura.

El Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya han reconocido que la situación política actual permite llegar a un acuerdo para abrir una nueva etapa y abordar el conflicto histórico sobre el futuro político de Cataluña. A pesar de posiciones iniciales divergentes, se busca desarrollar una dinámica para resolver el conflicto de manera distinta a la última legislatura y asegurar la gobernabilidad durante la XV legislatura, considerando la composición de las Cortes Generales tras las elecciones de julio de 2023.

El acuerdo, que aborda la amnistía, establece que la futura ley debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos afectados por decisiones o procesos judiciales vinculados a eventos como la consulta de 2014 y el referéndum de 2017. Además, las comisiones de investigación parlamentaria determinarán la inclusión de casos relacionados con el concepto de lawfare o judicialización de la política.

En el texto, se menciona expresamente el término «referéndum». Junts propone un referéndum de autodeterminación respaldado por el artículo 92 de la Constitución, mientras que el PSOE defiende el amplio desarrollo del Estatuto de 2006 y el respeto a las instituciones del autogobierno y la singularidad catalana.

En cuanto a la financiación, Junts propone una cláusula de excepción para Cataluña en la LOFCA y la cesión del 100% de los tributos pagados en la región. El PSOE aboga por medidas que permitan la autonomía financiera y el acceso al mercado catalán, así como un diálogo sobre el impacto del modelo de financiación.

El acuerdo también contempla la ampliación de la participación directa de Cataluña en instituciones europeas y otros organismos internacionales, especialmente en asuntos relevantes para la región.

A pesar de las profundas discrepancias, el texto valora el diálogo y reconoce la legitimidad del referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia de 2017 según Junts, mientras el PSOE niega su legalidad y validez. Se destaca la posibilidad de alcanzar acuerdos significativos sin renunciar a las respectivas posiciones. Además, se propone la creación de un mecanismo internacional para acompañar, verificar y dar seguimiento al proceso de negociación y los acuerdos.