Koldo García Izaguirre, asesor del exministro José Luis Ábalos, ha sido detenido por la Guardia Civil en el marco de una operación que investiga presuntas irregularidades en la compra de mascarillas a la empresa zaragozana Soluciones de Gestión y Apoyo de Empresas SL durante la pandemia. Se indaga en el posible cobro de comisiones en contratos de material anticovid para los ministerios de Transportes e Interior, así como para comunidades autónomas como Baleares y Canarias.

EMPRESA CON SEDE EN ZARAGOZA

La micropyme Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, con sede en Zaragoza, experimentó un aumento extraordinario en sus ingresos, pasando de 0 euros en 2019 a 53,13 millones en 2020, gracias a contratos relacionados con la compra de material sanitario durante los primeros meses de la pandemia. La empresa fue elegida directamente para la adquisición de ocho millones de mascarillas por 24,2 millones de euros por el Ministerio de Transportes, dirigido por José Luis Ábalos, sin concurso público y bajo la modalidad de «tramitación de emergencia».

Otro contrato revelado implica la compra de cinco millones de mascarillas por 12,5 millones de euros por parte de Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Transportes. El Ministerio del Interior, bajo la gestión de Fernando Grande-Marlaska, también adquirió un millón de mascarillas por 3,48 millones de euros de la misma empresa.

La investigación, liderada por la Audiencia Nacional y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas y a 26 registros domiciliarios en diferentes provincias de España. Los delitos investigados incluyen organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, afectando a un total de 20 personas. En algunos de los registros, se encontraron cajas fuertes vacías.

ASESOR DE ÁBALOS

Koldo García fue designado asesor por Ábalos tras su llegada al Ministerio de Transportes en junio de 2018. Sin embargo, dos años después, durante el período en el cual el Gobierno y las ASEcomunidades autónomas buscaban proveedores para adquirir mascarillas en grandes cantidades, es cuando, según la UCO, habrían tenido lugar las presuntas actividades ilícitas de García para obtener beneficios personales mediante su intermediación en estas transacciones.

Según las autoridades, García habría recibido sobornos a cambio de la adjudicación de estos contratos, los cuales luego habría intentado blanquear a través de diversas inversiones. El incremento en sus activos financieros no se correspondería con su salario previo como chófer y escolta del político valenciano durante su tiempo como secretario de Organización del PSOE, ni tampoco con los ingresos que percibía como asesor en el Ministerio de Transportes, explican las fuentes cercanas al caso.