La reciente negativa del Gobierno de España a conceder la excedencia forzosa solicitada por Raquel Fuertes, hasta ahora directora general de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), pone de relieve una serie de cuestiones espinosas en torno a la movilidad laboral dentro del sector público español.
Este caso, que ha sorprendido y generado urgencia entre los partidos políticos y el Consejo de Administración de la CARTV, trasciende el aparente error burocrático para adentrarse en un terreno donde la política, la legislación laboral y los derechos de los trabajadores se encuentran en una encrucijada delicada. Donde la política arroja su descaro y vulneración de principios para retorcer la legislación laboral y los derechos de una periodista.
El hecho de que esta situación se produzca en un contexto de «máxima crispación» política y entre gobiernos de distintos colores políticos añade una capa de complejidad al caso de Fuertes. Esta sería la primera consideración. Aunque se ha sugerido que podría tratarse de un error burocrático, el tiempo transcurrido sin una solución efectiva suscita preguntas sobre la posible intencionalidad detrás de la decisión. O más que preguntas, apunta a un hecho que es difícil rebatir.
La figura de Raquel Fuertes en este escenario es, además, casi paradójica y emblemática por varias razones. Primero, su nombramiento como directora general de la CARTV fue histórico, aprobado unánimemente por las Cortes de Aragón a pesar de ideologías y sensibilidades, lo que subraya su reconocida competencia y el consenso sobre su capacidad para liderar la corporación.
Segundo, la negativa a su solicitud de excedencia forzosa contradice no solo las expectativas basadas en precedentes sino también los principios de equidad y justicia en el trato a los trabajadores del sector público.
La actitud de la administración central, en particular la aparente inacción de figuras políticas aragonesas relevantes e informadas del problema como la ministra portavoz Pilar Alegría. Sin duda, esta es la segunda consideración. Y más cuando conoce de cerca el trabajo y buen hacer de Raquel Fuertes en la Delegación del Gobierno, donde la periodista tiene su plaza fija y la política aragonesa recaló como Delegada del Gobierno por decisión de Pedro Sánchez.
La solidaridad mostrada por la junta de la Asociación y el Colegio de Periodistas de Aragón, así como el apoyo del Comité de Empresa de la CARTV, reflejan un entendimiento compartido de que este caso trasciende a la persona de Fuertes para tocar el núcleo de los derechos laborales y la movilidad profesional dentro del sector público. Esta es la tercera consideración y la más contundente. Cuando todos están en contra de una decisión, algo no se ha hecho correctamente.
Este apoyo subraya la necesidad de abordar este asunto con la seriedad y el rigor que merece, incluyendo la posibilidad de buscar asesoramiento legal para garantizar que se respeten los derechos de Fuertes y, por extensión, de cualquier trabajador público en situaciones similares.
Es imprescindible que este caso sirva como catalizador para una revisión más profunda de las políticas y prácticas que rigen la movilidad laboral y los derechos de los trabajadores en el sector público. La capacidad de los trabajadores para moverse y crecer dentro del servicio público es fundamental para atraer y retener talento. O si no se generará un apoltronamiento de una pieza clave en la comunicación aragonesa como es Aragón TV y Aragón Radio.