No se pongan nerviosos nuestros políticos, que aún falta tiempo para las elecciones. Hasta 2023 parece que seguiremos disfrutando (o, más bien, sufriendo) lo votado. Tampoco parece que las encuestas les vaya a alterar el temple a los diputados autonómicos; aún queda mucho partido por delante y meses en los que meter la pata, por lo que todos las miran con desdén. Pero sí que hay un dato que, a algún diputado autonómico (de Teruel, para más señas), puede amargarle el día. Y es que 2,759 es más que 2,75.

¿Cómo? Sí, ese número (2.75) es, según la legislación autonómica, la proporción máxima de población por escaño que puede darse entre la provincia más poblada y la menos y, si se supera, la menos poblada debe ceder sus escaños a la mayor hasta que se cumpla la proporción. 

En 2019 la proporción era de 2,74 y, desde entonces, ligeros movimientos de población la han elevado a 2,759, según el último censo electoral publicado (a 1 de noviembre). Eso significa que, en 2023, si el censo no varía o continúa su actual tendencia, en Zaragoza se elegirán 36 diputados (en lugar de 35), y en Teruel 13, (en lugar de los 14 elegidos en 2019).

En otras palabras, en este momento, el último diputado por Teruel (del PSOE, por cierto) estaría fuera de juego.

Aunque, para consuelo del PSOE, con los mismos resultados de 2019 el nuevo diputado por Zaragoza también sería del PSOE así que, para ellos, problema resuelto. Pero, ya saben todos en la Aljafería que eso nunca ocurre. Y una pequeña variación en los votos con el nuevo número de escaños a asignar, puede cambiar el Gobierno. 

Así que, más pronto que tarde, y con mucha demagogia sobre la España vaciada y la representatividad de las minorías, vamos a empezar a oír propuestas para aumentar el número de diputados y cambiar las normas antes del partido. Atentos, pues, que vienen curvas.