La Cámara de Cuentas de Aragón ha señalado que el plazo medio de Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) para resolver las solicitudes de ayuda a la dependencia es de 411 días. Este es uno de los resultados que se extraen del Informe que ha aprobado la Cámara de Cuentas sobre la implantación de las recomendaciones realizadas a la Comunidad Autónoma por el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización sobre las medidas de gestión y control.
La revisión ha sido realizada a iniciativa de las Cortes Generales y se integrará en un informe general con el resultado de los análisis realizados en el resto de las regiones, en el que se detallará el nivel de implantación de las recomendaciones hasta 31 de diciembre de 2018. Entre las recomendaciones no aplicadas, la entidad ha constatado que Aragón incumplía en el año 2018 el plazo máximo, fijado en seis meses, para resolver las solicitudes de ayuda, situándose en 411 días de media.
En 2018, el Gobierno de Aragón destinó 1,1 millones de euros a este servicio, cofinanciado al 50 por ciento, por el Fondo Social Europeo. Por último, siguiendo la recomendación del Tribunal, Aragón ha regulado la capacidad económica de los beneficiarios de las ayudas y su participación en el coste total de las prestaciones de la dependencia que reciben.
La auditoría de la Cámara ha concluido que, hasta el 31 de diciembre de 2018, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) había implantado cuatro recomendaciones totalmente, parcialmente dos y tenía tres pendientes de implementar, de las nueve formuladas por el Tribunal de Cuentas en su fiscalización. Las recomendaciones implantadas totalmente se refieren al desarrollo normativo necesario en aplicación de la Ley de la Dependencia, la integración del sistema informático de alta de solicitudes en el sistema nacional que gestiona el IMSERSO, así como a la impartición y acreditación de formación a los cuidadores no profesionales.
En cuanto a las recomendaciones implantadas parcialmente, la Cámara ha señalado que todavía no está totalmente desarrollado el expediente electrónico para gestionar las prestaciones por dependencia, si bien se han producido importantes avances, y que sigue habiendo retrasos en la gestión de las bajas por fallecimiento de los beneficiarios, lo que obliga a un mayor control de los casos de abonos indebidos para su reintegro posterior.
También se ha comprobado que en aquel año el sistema de información contable del IASS no identificaba el gasto destinado a la atención de la dependencia, ni el organismo disponía de un sistema de contabilidad analítica que permitiera la cuantificación exacta del coste de los servicios.
EL 99% SIN RESOLVER
Respecto al incumplimiento de los plazos, esta demora resulta «especialmente perjudicial» en los casos de los beneficiarios que fallecen en la espera. Así, de los 2.233 solicitantes fallecidos en 2017 y 2018, el 99 por ciento no contaban con resolución de reconocimiento de prestación por no haber sido ni siquiera valorados.
En 2018, la aportación del Estado a la Comunidad Autónoma según el número de beneficiarios, grado de dependencia, número y tipo de prestaciones, ascendió a 34,4 millones de euros, el 16 por ciento del gasto total; la Comunidad Autónoma aportó 174 millones, el 79 por ciento, y los beneficiarios aportaron 11,1 millones, el 5 por ciento.
Con todo, el gasto total en las prestaciones en aplicación de la Ley de la Dependencia ascendió a 221,7 millones de euros, que representan el 63 por ciento de todos los gastos del IASS que, en 2018, ascendieron a 357 millones de euros.