Los cinco partidos de la oposición en las Cortes de Aragón (PSOE, CHA, Teruel Existe, Podemos e IU) han exigido el cese del vicepresidente aragonés, Alejandro Nolasco (Vox), por su «discurso de odio contra los inmigrantes y el islam» frente a la defensa del presidente Azcón sobre las políticas de inmigración.

El presidente se ha desmarcado de la exigencia argumentando que la oposición no ha llevado a los tribunales las declaraciones de Nolasco, a pesar de que advirtieron que lo harían si consideraban que se había cometido algún delito.

Defendiendo las políticas de inmigración llevadas a cabo en la presente legislatura, Azcón ha animado a los grupos parlamentarios que han presentado la PNL a denunciar las declaraciones del vicepresidente y ha asegurado que el gobierno actuará si es necesario «si el señor Nolasco mañana es condenado por un delito de odio, el Gobierno actuará a consecuencia».

La oposición ha destacado que las declaraciones del vicepresidente fueron en nombre del gobierno y no como integrante del grupo parlamentario Vox. José Luis Soro (CHA) ha advertido a Azcón que «comete una irresponsabilidad al tolerar que su número dos proclame esas declaraciones en nombre del gobierno. Vox no le respeta».

Mayte Pérez, portavoz socialista, condena que «cualquier persona de bien de esta comunidad censuraría las palabras del vicepresidente» y dirigiéndose a Azcón ha declarado que no hay matiz en los mensajes xenófobos de Nolasco y que incitan al odio «o se censuran los mensajes de odio o se apoyan, pero no hay matiz».

Ahondado en la polémica de la inmigración, Azcón ha instado al PSOE a nombrar un solo ejemplo de una «mala gestión» respecto a los menores no acompañados y ha destacado que «el PP y el PSOE están mucho más cerca que los extremos». Existen 400 menores no acompañados a día de hoy en Aragón y que «este Gobierno los atiende como mejor puede, como ustedes lo hacían en el pasado», ha expuesto el presidente.

En su comparecencia, Jorge Azcón ha recalcado que no hay una sola decisión que se haya tomado que vaya contra la política de inmigración, pero que es «injustificable» que se envíen personas migrantes a la región de Aragón «sin avisar» como ocurrió el pasado octubre cuando 400 inmigrantes llegaron a las localidades de Sabiñánigo y Huesca «sin que los equipos sanitarios ni del gobierno estuvieran avisados».