Los resultados de las últimas muestras de agua, tomadas el pasado lunes, 9 de octubre, en el río Queiles y en los abastecimientos de agua de las localidades afectadas por presencia del protozoo del género ‘Cryptosporidium’ –Tarazona, Novallas, Torrellas y Los Fayos— han vuelto a mostrar baja presencia del mismo, por segunda semana consecutiva.
Todos los valores son muy inferiores a 0,1 ooquiste por litro de agua, han indicado desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón.
En una reunión de la Ponencia de Sanidad Ambiental, celebrada el pasado 6 de octubre, en la que participaron representantes del Ministerio de Sanidad y de las comunidades autónomas, se decidió adoptar los criterios de una guía científica de Reino Unido en esta materia.
Según ésta, se puede considerar que hay ausencia de ooquistes y por tanto, el agua es potable, cuando se cuente con una serie de resultados cuya media sea por debajo de 10 ooquistes en 100 litros de agua. Los resultados se expresan siempre por litro, por lo tanto la media deberá ser inferior a 0,1 ooquistes por litro de agua.
El brote de gastroenteritis se declaró el fin de semana del 9 y 10 de septiembre en la ciudad turiasonense. Los resultados de los cultivos de laboratorio realizados con heces de personas enfermas permitieron averiguar que el agente causal del brote es un protozoo del género ‘Cryptosporidium’.
Estos hallazgos confirmaron la necesidad de mantener las restricciones iniciales en el consumo de agua de la red de abastecimiento y que aún deben perdurar. Las medidas implican no beber agua del grifo, no utilizarla para lavarse los dientes y hervirla al menos 10 minutos para usarla para cocinar.
Asimismo, el 21 de septiembre Salud Publica extendió las restricciones a las localidades de Novallas, Torrellas y Los Fayos, por hallar quistes de ‘Cryptosporidium’ en el tramo del río Queiles donde estos pueblos captan el agua de la red de abastecimiento.
Después, se confirmó la presencia de ooquistes del protozoo en el tramo soriano del citado río, lo que motivó la implicación de las comunidades autónomas de Castilla y León y Navarra, y de la Administración del Estado.