La implementación del Plan Estratégico para la Preservación de la Concordia ya tiene luz verde. El Ejecutivo aragonés liderado por Jorge Azcón insiste en que este plan es una iniciativa diseñada para fomentar la reconciliación y la convivencia, y para promover valores fundamentales como la libertad, la igualdad y la dignidad humana.
El plan nace como contraposición a la Ley de Memoria Democrática que derogó el actual gobierno y fue impulsada por el Gobierno de Javier Lambán durante su primera legislatura. Este plan, consensuado entre el Partido Popular y VOX, aborda diversos aspectos históricos y sociales pero no hace una mención directa al franquismo; como sí lo hacia -y era el núcleo de la argumentación jurídica- la Ley que aprobó Javier Lambán.
El texto del plan se estructura en varios ejes fundamentales. Uno de ellos está dedicado a los derechos constitucionales y valores democráticos, reafirmando el compromiso con los principios fundamentales de la Carta Magna. Otro eje se enfoca en la dignidad de las víctimas, incluyendo la búsqueda, localización, exhumación y documentación de las 489 fosas comunes que se estima existen en Aragón. Esto incluyen a las víctimas de la Guerra Civil, las cuales son la gran mayoría de víctimas que aún yacen en fosas comunes o lugares inhóspitos sin un entierro digno.
Este esfuerzo no distingue entre las circunstancias personales o ideológicas de las víctimas, sino que se busca honrar la memoria de todos aquellos afectados por la violencia de regímenes totalitarios, dictaduras, grupos terroristas o individuos radicalizados.
El plan también aborda la comprensión del pasado como un instrumento para mejorar el respeto y la convivencia entre los ciudadanos, sin perder de vista la diversidad ideológica y social que caracteriza a la comunidad aragonesa. La consejera de Presidencia, Tomasa Hernández, destaca que la preservación de la concordia implica un compromiso profundo con la memoria histórica y el reconocimiento de todas las víctimas de violencia, independientemente de su contexto político o religioso.
En términos prácticos, el plan contempla una serie de actuaciones concretas para el presente año, respaldadas por una partida presupuestaria inicial de 237.000 euros. Estos fondos provienen en su mayoría de la conferencia sectorial de Memoria Democrática, aportados por el ministerio correspondiente. Entre las acciones prioritarias se encuentran la actualización del mapa de fosas comunes y la realización de perfiles genéticos a familiares y víctimas para facilitar su identificación.
En el ámbito local, las inversiones incluyen la localización y exhumación de fosas en distintos puntos de Aragón, como Belchite, Iglesuela del Cid, San Blas, Valle del Alfambra y Val de Jarque. Estas actividades no solo tienen el propósito de recuperar restos humanos, sino también de reconstruir la historia y ofrecer cierre a las familias afectadas por décadas de incertidumbre.