El Gobierno de Zaragoza ha aprobado someter a consulta pública la futura elaboración del «Reglamento del servicio público de alquiler de bicicletas del Ayuntamiento de Zaragoza«. Este procedimiento de consulta es preceptivo cuando se va a proceder a la elaboración de proyectos normativos.

Se pretende recabar la opinión de las personas y organizaciones más representativas sobre el proyecto específico del nuevo servicio de bicicleta pública, acerca de los objetivos de la misma y los problemas que pretende solucionar, la necesidad y oportunidad de su aprobación y sugerencias sobre su regulación.

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad en funciones y futura alcaldesa de la ciudad, Natalia Chueca, ha destacado que «este proyecto sigue adelante, tal y como ya anunciamos, y esta Consulta Pública no es más que la constatación de que seguimos trabajando para lograr que su implantación de la nueva bicicleta pública sea una realidad dentro de los plazos previstos».

Se hará con un servicio que dispondrá de 2.180 bicicletas y 218 estaciones –actualmente hay 1.300 bizis y 130 estaciones–. Además, las bicicletas serán eléctricas. Esta renovación integral supondrá pasar de una área de cobertura de 19,3 kilómetros cuadrados a 31,2 kilómetros cuadrados, con una densidad que pasará de 6,74 estaciones/km2 a 7,77 estaciones/km2 y de 2,23 bicicletas/1.000 habitantes a 2,57 bicicletas/1.000 habitantes.

Tal y como se ha anunciado el pasado mes de abril, Zaragoza recibirá 18.458.001 euros de la segunda convocatoria del «Programa de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte público urbano», en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU.

De ellos 6.572.918,54 euros se destinarán a la implantación de un sistema público de alquiler de bicicletas. Esta actuación se alinea con el objetivo del Ayuntamiento de Zaragoza de potenciar el trasvase modal del vehículo particular al uso de servicio público a fin de reducir la emisión de gases contaminantes y mejorar la calidad del aire de la ciudad.