La gestión de residuos, un sector regulado meticulosamente por directivas europeas e integradas en la legislación española desde el año 2000, ha evolucionado en un negocio multimillonario.
Este lucrativo mercado también ha abierto la puerta a actividades irregulares, especialmente en Zaragoza, que se ha convertido en un centro neurálgico para la disposición de desechos, incluso de lugares tan lejanos como Niza. Gran parte de este negocio millonario se concentra en el vertedero zaragozano de Residuos Industriales de Zaragoza (Rinza).
Según fuentes del sector, Zaragoza no solo atrae residuos de su entorno inmediato, sino que también ha sido el destino de vertidos de otras regiones, incluyendo Niza, con prácticas tanto legales como ilegales. «La elección de Zaragoza como destino para deshacerse de basuras no parece ser casual», enfatizan desde estas fuentes.
La gravedad de la situación se puso de manifiesto en diciembre pasado, cuando la Guardia Civil desmanteló una red criminal internacional dedicada al tráfico ilícito de residuos peligrosos urbanos.
Esta operación, denominada Poubelle, implicó la detención o investigación de 19 personas y seis entidades jurídicas. La organización habría ingresado más de 16 millones de euros desde 2020, procedentes de empresas francesas que buscaban eliminar sus residuos a precios inferiores a los del mercado.
Los camiones procedentes de Francia llegaban a Zaragoza cargados de residuos que no se sometían a ningún proceso de valorización y eran depositados directamente en vertederos locales. «El procedimiento era sencillo, pero fraudulento», señalan desde Stop Plástico.
Empresas intermediarias simulaban el tratamiento de los residuos para cumplir, al menos documentalmente, con la normativa vigente. Como resultado, toneladas de desechos, incluyendo materiales peligrosos y tóxicos, terminaban en vertederos de Zaragoza, causando un daño casi irreparable a los ecosistemas y la salud pública.
Además, la Guardia Civil en Navarra, en la ‘Operación Blanzar’, descubrió traslados ilícitos de residuos en colaboración ciudadana. Una empresa navarra recogía residuos de Blanquefort, Francia, para su supuesto reciclaje en España, pero luego se falsificaba su documentación para depositarlos como desechos de eliminación.
Fuentes de la Guardia Civil explican que la cooperación entre las autoridades nacionales e internacionales es «crucial» para combatir este tipo de delitos ambientales.
El impacto de estas prácticas es significativo: más de 6.000 toneladas de residuos han sido depositadas ilegalmente en vertederos zaragozanos tras 190 viajes de camión.
Además, un reportaje de investigación de M6, una cadena de televisión francesa, reveló que la empresa encargada de la gestión de residuos en Niza estaba enviando una gran cantidad de sus basuras al vertedero de Zaragoza.
Este caso, actualmente bajo investigación por la Fiscalía francesa, podría confirmar la falsificación de documentos para el traslado de desechos desde la capital francesa a España. A su vez, según detalle el diario El País, sucede lo mismo con otros municipios italianos.
Estas revelaciones han disparado las alarmas sobre el negocio clandestino del tráfico de residuos y su impacto ambiental. En 2019, se registró en España la gestión de 2.900.337 toneladas de residuos producidos en Aragón y 4.261.820 toneladas de residuos de fuera de la región, resaltando la magnitud del problema.
Fuentes del Gobierno aragonés detallan que ante las acusaciones de «inacción», el Departamento de Medio Ambiente y Turismo mantiene una estrecha colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de hecho las operaciones que se han desarrollado han sido fruto de la colaboración entre las distintas instituciones, con la aportación de documentación e información por ambas partes.
Fruto de que existe esta colaboración y de que los mecanismos de control funcionan, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han podido desarrollar operaciones que en estos momentos están bajo investigación judicial y de las que, por tanto, la Administración autonómica no puede proporcionar más datos para garantizar la seguridad jurídica de todas las partes.