La construcción de la nueva Romareda, el estadio de fútbol que ha despertado emociones y tensiones en la ciudad en los últimos meses, ha entrado en una nueva etapa. Con el protocolo de actuaciones ya firmado entre el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Real Zaragoza, las bases están sentadas, pero los desafíos son múltiples.
El proyecto contempla la formación de una sociedad mercantil limitada, tildada jurídicamente como de ‘proposito singular’, y que deberá estar constituida antes del 31 de diciembre de 2023, y cuyo capital social alcanzará los 120 millones de euros en los años sucesivos.
Esta cifra muestra la magnitud económica del proyecto, que será financiado por las tres partes de manera igualitaria: Ayuntamiento, Gobierno autonómico y la empresa propietaria del Real Zaragoza.
Aunque los montos iniciales comprometidos son sólidos, es la posterior incorporación de socios adicionales lo que genera expectativa. ¿Ibercaja Banco, Caixa Bank o algún fondo de inversión? La elección del socio financiero es crucial para dar aún más solidez al proyecto y tener garantizada la financiación en el último tramo de construcción. Este sería el primer fleco al que se enfrentan los tres socios promotores del nuevo estadio.
Especialmente, cuando se han garantizado 120 millones de aportación de los tres socios actuales y el proyecto se estima en un coste de 140 millones de euros. Aún faltan 20 millones de euros por aportar que, según detallan las fuentes consultadas por HOY ARAGÓN, tendrá una fuente de financiación bancaria o de algún fondo de inversión. Por ello, no se debe olvidar que los propietarios del Real Zaragoza tienen vínculos con fondos de inversión, como Ares Management u otros.
Otro de los flecos sería las zancadillas jurídicas o judiciales que pudiera haber durante todo el proceso de construcción del estadio. Tras las trabas que ha tenido el proyecto desde el principio con el recurso interpuesto por Podemos, y cuando el compromiso y garantía es sólida por parte de los tres socios, cabría la opción de algún reparo jurídico o judicial que frene las obras y no se llegue a tiempo a la construcción para ser sede del Mundial 2030 que celebrará España, Portugal y Marruecos.
Precisamente, el presidente aragonés Jorge Azcón aludió el pasado viernes a que el proyecto tiene «una solvencia técnica que se puede convertir en realidad». En esta línea, sin hacer mención a ningún partido en particular, afirmó que «si alguien no quiere trabajar en este proyecto o no quiere aportar económicamente, que no estorbe».
Por ello, más allá de la financiación, el proyecto tiene que tener en cuenta las posibles trabas legales en el horizonte de la construcción del estadio. La reciente paralización del proyecto debido a un recurso de Podemos demuestra que, en el ámbito político, no todos los actores están en consonancia con el proyecto. Estos recursos judiciales no solo retrasan el avance del proyecto, sino que también pueden inflar los costos y afectar la moral de las partes involucradas.
Otro fleco en forma de fantasma, que es una historia más que contada en los proyectos de construcción de grandes infraestructuras son los sobrecostes. Hay proyectos de esta envergadura, como el nuevo Mestalla o el Bernabéu, que han enfrentado sobrecostes significativos.
Estos costes adicionales, si no se anticipan y gestionan adecuadamente, pueden amenazar la viabilidad financiera del proyecto. O puede requerir de una financiación externa elevada en los plazos finales de la ejecución de la obra.
Esto tiene especial relevancia dado que dos de los socios, el Ayuntamiento de Zaragoza y el Gobierno aragonés, gestionan capital público, por lo que cualquier sobrecoste podría repercutir en las arcas públicas financiadas con impuestos.