La Agenda 2030 pesa como una losa en el ámbito residencial y Zaragoza, al igual que la mayor parte de las ciudades españolas, va a tener un serio problema para cumplirla a tiempo. La Unión Europea va a exigir para dentro de menos de seis años que todos los inmuebles tengan, como mínimo, la calificación energética E para poder ser vendidos o alquilados.

A día de hoy, el 83% de las viviendas en la capital aragonesa no cumple este requisito, lo que supone que los propietarios van a tener que abordar su rehabilitación en caso de que quieran transmitirlos o arrendarlos. Hay que tener en cuenta que casi dos tercios de los edificios en Aragón datan de antes de 1980 y, hasta entonces, las normativas sobre aislamiento térmico eran mucho menos rigurosas que en la actualidad.

De hecho, la mayor parte de edificios cuentan con unas condiciones de eficiencia energética muy deficientes e incluso en construcciones levantadas a finales de los años 70 el aislamiento existente ha perdido su efectividad, dejando cámaras vacías o mal aisladas. Todas estas conclusiones se pusieron en evidencia en el encuentro realizado en la Cámara de Comercio de Zaragoza, en la que directivos de compañías del sector como SARE Rehabilitación y Grupo IGR, así como el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza (COAATZ).

Pero esta espada de Damocles no acaba ahí: como informó De la Cruz, para 2033 la calificación energética deberá ser D y, para el 2050, solo podrán venderse o alquilarse pisos con calificación energética A o B. Esto contrasta con la foto actual: según datos del Ayuntamiento de Zaragoza, 197.000 viviendas disponen de calificación F o G, las más bajas.

Según la opinión del gerente del Colegio de Aparejadores, Lucio de la Cruz, la situación es posible que no sea tan restrictiva. Como señala, la Unión Europea está poniendo trabas particularmente en los edificios con calificación energética G, que en Zaragoza suponen un 19,68% del total. Son estos, indica De la Cruz, los que podrían encontrar problemas a partir de 2030.

Como dejaron patente los profesionales del sector en la jornada, si bien la inversión inicial en la mejora del aislamiento, algo que deberán plantearse todos los propietarios de estos pisos, puede parecer significativa, la realidad es que se amortiza rápidamente a través del ahorro energético. A ello se suma, como subrayó el director de Operaciones de SARE Rehabilitación, Sergio Espinosa, el impacto positivo en la salud y el confort de los ocupantes, tanto en términos de temperatura como en lo que respecta a la calidad del aire.

Todas las partes coincidieron en la necesidad de una acción coordinada entre el sector público y el privado, así como la necesidad de incentivos y políticas que fomenten la rehabilitación de estos edificios. En este ámbito, destaca el proyecto Neutral Path del Ayuntamiento de Zaragoza, que busca convertir inmuebles en modelos de eficiencia energética.