En el contexto de crecientes tensiones y preocupaciones por la seguridad, sobre todo tras el estallido del conflicto entre Hamás e Israel y los atentados sufridos en Europa por yihadistas, Vox ha introducido una nueva propuesta en el Congreso que va directamente contra los migrantes de culturas islámicas.
En este sentido, Vox insta al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez a detener todos los procedimientos relacionados con la concesión de la nacionalidad española a individuos de «culturas islámicas». Esta medida, según el partido, pretende reforzar la seguridad nacional frente a posibles amenazas.
Pepa Millán, portavoz de Vox en la Cámara Baja, ha manifestado que esta proposición no de ley surge debido al «alto riesgo» percibido para la seguridad de España y Europa.
El partido vincula este riesgo a los recientes atentados en Francia y Bruselas, calificándolos como resultado de las «políticas de puertas abiertas» que se están implementando en Europa.
La perspectiva de Vox es que dichas políticas han resultado en áreas en las principales ciudades europeas donde la ley estatal es eclipsada por el crimen y, según ellos, la ley islámica.
El partido argumenta que la seguridad de los españoles está actualmente «en grave riesgo» debido a una serie de atentados en Europa llevados a cabo por «islamistas radicalizados«. Millán subraya la urgencia de adoptar medidas drásticas para prevenir incidentes similares en suelo español.
La propuesta llega en un momento en que el tema migratorio es de particular relevancia. Millán ha destacado la entrada de más de 23.000 personas de manera ilegal en las Islas Canarias en 2023, y más de 7.500 sólo en la Isla del Hierro, que cuenta con 11.000 habitantes.
Según la portavoz, esto ha llevado a incidentes como el asesinato de un sacristán en Algeciras por una persona con una orden de expulsión no ejecutada o el reciente ataque en Mataró por un individuo marroquí.
En medio de estas preocupaciones, Vox ha criticado abiertamente al Gobierno en funciones, alegando que se está «alineando con Hamás» y no condenando adecuadamente las acciones del grupo. Esta acusación se basa en la respuesta del Gobierno a un reciente incidente en Israel.