El acuerdo entre el PSOE y Junts per Catalunya encierra una omisión preocupante de la Constitución Española de 1978. El pacto, lejos de ser un mero documento político, es una clara y concreta manifestación de una hoja de ruta trazada hacia una transformación profunda e inconstitucional del estado de las cosas en España.
El contenido del acuerdo evoca el deseo de anular, mediante su no reconocimiento, la validez constitucional en aspectos fundamentales como la soberanía nacional, la igualdad ante la ley y la indisoluble unidad de la nación española.
Proponer una ley de amnistía para figuras implicadas en lo que denominan «lawfare», un concepto vago y controvertible, y apuntar hacia un referéndum de autodeterminación, son medidas que no solo desafían la Constitución sino que la sustituyen de facto por un nuevo orden político y legal.
La soberanía fiscal que se propone otorgar a Cataluña, con la gestión completa de sus impuestos, parece traspasar los límites establecidos por los arreglos financieros especiales del País Vasco y Navarra, abriendo la puerta a un modelo confederal que no se contempla en la Constitución actual.
El acuerdo, por su parte, parece ignorar los acontecimientos significativos que han moldeado la historia reciente de España, incluyendo la amnistía de 1977, el retorno y reconocimiento de Josep Tarradellas y la legalización de los partidos políticos, enfocándose en cambio en los Decretos de Nueva Planta de 1714. Un giro histórico que podría interpretarse como un intento de enmarcar la situación catalana en una lucha secular por la autonomía y contra la opresión.
Si las Cortes Generales y el Tribunal Constitucional llegaran a asumir este acuerdo, estaríamos presenciando una derogación material de la Constitución que, aunque podría seguir vigente en papel, se vaciaría de contenido en la realidad.
Esto plantearía una paradoja jurídica y política de enormes dimensiones: una Constitución vigente en lo formal, pero despojada de su espíritu y principios rectores en la práctica.
Aún más problemático es el aspecto condicional del apoyo de Junts a la investidura y estabilidad de la legislatura, que se sostiene sobre el avance de negociaciones en temas tan delicados como la autodeterminación y la fiscalidad. Este acuerdo no solo pone en jaque la legislatura actual, sino que también pone en peligro la continuidad del apoyo parlamentario esencial para la gobernabilidad.
La ausencia de una renuncia a la unilateralidad y la falta de una crítica constructiva de las decisiones tomadas durante el proceso soberanista, particularmente aquellas declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, sugiere que no hay un compromiso real con la legalidad constitucional.
El llamado Pacto de Bruselas podría ser visto como la sentencia de muerte del modelo constitucional de 1978, que dio paso a la democracia moderna en España. El pacto entre el PSOE y el independentismo catalán, en este sentido, podría ser interpretado como un paso más en un proceso que ha estado erosionando la estructura constitucional de España desde la Transición.
Este acuerdo puede ser percibido como un vehículo sutil que vehiculiza desacuerdos que aún están por negociarse, una estrategia que continúa la subversión gradual del sistema constitucional. El PSOE, bajo la dirección de Sánchez, ha aceptado las demandas del secesionismo en un juego de concesiones políticas que ahora se materializan con claridad en este pacto. Y dejan a la Constitución al borde de un vacío formal y jurídico.