En los últimos años, una práctica comercial polémica ha ganado terreno en los estantes de supermercados europeos, incluyendo España. La reducción de productos envasados sin una correspondiente disminución en el precio ha despertado la preocupación de los consumidores y organizaciones defensoras de los derechos del consumidor.
Este fenómeno, conocido como «reduflación«, ha afectado a diversos productos de consumo diario, desde patatas hasta refrescos y embutidos. La estrategia, aprovechando la escalada inflacionista y las disrupciones en la cadena de suministro debido a la pandemia y la situación en Ucrania, ha llevado a que hasta un 7% de la cesta de la compra esté sujeta a esta práctica, según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
El debate sobre la reduflación no es nuevo, recordando casos notorios como el de American Airlines eliminando aceitunas de sus menús en 1987 para ahorrar costes. Sin embargo, la situación ha cobrado fuerza en Europa, llevando a que países como Francia busquen medidas para combatirla.
En Francia, la primera ministra Élisabeth Borne ha expresado su intención de prohibir esta práctica, calificándola de «estafa» y «escándalo». Carrefour, una de las principales distribuidoras francesas, ya ha tomado medidas colocando carteles en productos que han sufrido reducciones, buscando informar a los consumidores.
El plan francés implica la aprobación de una ley que obligue a los distribuidores minoristas a informar claramente a los consumidores cuando se produzca la reduflación. Esta legislación, prevista para la primavera, pondría la responsabilidad en los distribuidores, que enfrentarían multas de hasta 15,000 euros si no cumplen con la obligación de proporcionar información transparente.
La indicación, según informes de BFMTV, deberá ser visible directamente en el embalaje o mediante una etiqueta agregada al producto. Esta medida se aplicaría principalmente a supermercados e hipermercados de más de 400 metros cuadrados, poniendo énfasis en garantizar que los consumidores estén plenamente informados sobre los cambios en los productos que compran.
Ante el crecimiento de esta práctica anticompetitiva, la respuesta de Francia destaca como un intento de liderar la lucha europea contra la reduflación y proteger los derechos de los consumidores en un mercado que busca recuperarse de los desafíos económicos recientes.