La resurreción del proyecto de Biscarrués vuelve a la escena política. Hace pocas semanas, el grupo parlamentario del Partido Popular en las Cortes de Aragón solicitó al Instituto Aragonés del Agua que realice un análisis exhaustivo de las razones técnicas que llevaron a la anulación del proyecto de construcción del embalse de Biscarrués con el objetivo de retomar esta iniciativa de infraestructura hidráulica.
Además, esta propuesta fue anunciada por el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, durante una sesión plenaria del Parlamento. Pero Biscarrués tiene su historia y un contexto que va más allá de treinta años.
La anulación del anteproyecto y la declaración de impacto ambiental del embalse de Biscarrués se confirmó en 2020 por parte del Tribunal Supremo. Este fallo judicial llegó después de más de 33 años de reivindicaciones, durante los cuales las comunidades afectadas y los grupos ecologistas presentaron numerosos recursos.
En 2017, la Audiencia Nacional invalidó el anteproyecto de construcción y la declaración de impacto ambiental. Tres años después, el Tribunal Supremo ratificó la sentencia y la evaluación de impacto ambiental. En su dictamen, el Tribunal determinó que se había infringido la Directiva Europea de Aguas, ya que el proyecto debía haber sido incluido previamente en el Plan Hidrológico de Cuenca, además de no justificar su utilidad para el interés general.
REABRIR BISCARRUÉS PERO CON MATICES
Sin embargo, con estas tesis judiciales, el PP insiste en buscar una alternativa al cauce del río Gállego para no volver a incidir en Biscarrués como único proyecto; a pesar de la determinación del presidente Azcón de reabrir las causas técnicas que inhabilitaron el proyecto judicialmente.
En este sentido, en la próxima sesión plenaria de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), el Grupo Popular planteará la necesidad de regular el río Gállego, ya sea ajustando y revisando el proyecto del embalse de Biscarrués o presentando una alternativa viable.
En ambos casos, los representantes del PP insisten en la importancia de asegurar tanto los riegos actuales como los futuros en la región de Monegros, así como poner en marcha los sistemas de riego en Monegros II.
Además, el PP propondrá instar al Gobierno de España a planificar y llevar a cabo las acciones contempladas en el Pacto del Agua de Aragón, con el objetivo de garantizar una reserva hídrica de 6.550 hectómetros cúbicos, tal como se establece en el Estatuto de Autonomía. Para ello, se deben asegurar las asignaciones presupuestarias adecuadas en los Presupuestos Generales del Estado de cada año.
El PP señala que, pasados 30 años desde la firma del Pacto del Agua de Aragón en 1992, solo se han completado 75 de las 153 actuaciones programadas, además de 4 en proceso y 23 en tramitación. Esta situación, según el partido, refleja un retraso considerable en el cumplimiento del pacto bajo gobiernos socialistas.
Asimismo, la moción del PP reitera la oposición de la DPH a cualquier trasvase fuera de la cuenca del Ebro y subraya que en Aragón no hay exceso de agua, sino una falta de infraestructuras de regulación adecuadas.