El acuerdo entre el Partido Popular y Vox en Aragón abarca 80 puntos distribuidos en 10 áreas, con el objetivo de establecer un «gobierno sólido» y coherente que hable «con una sola voz». El viernes pasado, los portavoces parlamentarios de ambos partidos firmaron y presentaron el documento, en ausencia del futuro presidente, Jorge Azcón. Entre los aspectos acordados se encuentra la eliminación de la «ideología» de las aulas y la derogación de la ley autonómica de memoria democrática.
Las áreas estratégicas del Gobierno de Aragón se centrarán en la libertad, el desarrollo socioeconómico, la justicia fiscal, el apoyo a las administraciones locales, la cohesión territorial y la igualdad para todos los ciudadanos aragoneses. Además, se trabajará en mejorar los servicios sociales, la educación, la sanidad pública, la protección de la mujer y la familia, la seguridad ciudadana y la promoción de la cultura y tradiciones aragonesas.
En materia educativa, el acuerdo pretende garantizar la libertad de educación y elección de centro escolar, reforzar la inspección educativa para mantener la calidad de la enseñanza y eliminar la ideología de las aulas. Se contempla la creación de un «cheque escolar» para que los padres puedan elegir el centro educativo y la implantación de enseñanza gratuita para niños de 0 a 3 años, así como Bachillerato concertado.
Respecto a la familia, se buscará situarla en el centro de todas las políticas públicas, eliminando obstáculos normativos y modificando el Reglamento de las Cortes para incluir la perspectiva familiar en la elaboración de leyes. Se creará la Dirección General de Familia, Infancia y Fomento de la Natalidad, encargada de redactar la Ley integral de apoyo a las familias, impulso de la natalidad y protección de la maternidad.
En cuanto a la violencia de género, se garantizará asistencia, apoyo y lucha contra la violencia hacia las mujeres, incluyendo medidas de prevención, identificación de causas y perfiles de agresores. Se buscará erradicar discursos machistas y se comprometerán a tomar medidas más duras contra agresores y asesinos. También se dará apoyo a las víctimas de violencia intrafamiliar.
En materia fiscal, se prevé reducir los cinco primeros tramos del IRPF en medio punto, para equiparar la tributación de las familias aragonesas con la media española. Se reducirá el Impuesto de Sucesiones y Donaciones con bonificaciones entre familiares directos, y se elevará el mínimo exento del Impuesto sobre el Patrimonio a 700.000 euros.
Se realizará una simplificación administrativa, incluyendo la «disolución» de comisionados para la Agenda 2030, Infancia y Despoblación, y la «racionalización» de subvenciones a agentes sociales y ayudas al desarrollo. Se desarrollará un modelo de radio y televisión pública acorde con la situación económica y que promueva la pluralidad, cohesión territorial y valores constitucionales, además de fomentar la cultura y tradiciones aragonesas.
La gestión hídrica y las sequías serán abordadas con un «plan de choque inmediato», que incluirá ayudas directas a agricultores y ganaderos, así como préstamos para hacer frente a los gastos ordinarios de las explotaciones. Se realizarán obras de regulación hidráulica para garantizar la reserva hídrica, modernizar y ampliar regadíos, y promover el uso eficiente de los recursos hídricos en las próximas décadas.
Además, se buscará un «Pacto contra la despoblación» para favorecer el establecimiento de docentes y profesionales médicos en zonas rurales, y se elaborará un plan integral para brindar «certidumbre y confianza» al sector de la nieve. En conjunto, este acuerdo busca sentar las bases para un gobierno que trabaje en beneficio de todos los aragoneses.