El Ministerio del Interior ha admitido que el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid se produjo por negarse éste a filtrarle las diligencias judiciales del 8M que están siendo investigadas.
La directora general del cuerpo de la Guardia Civil, la socialista María Gámez, reconoció por escrito en una nota interna, según publica El Confidencial, con carácter reservado que el mando fue relevado por “no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.
Una pretensión que acaricia los límites de la legalidad al tratarse de una injerencia del Gobierno de España en una actuación judicial bajo secreto en la investigación que fiscalizaba la gestión del mismo en la manifestación del 8M por la emergencia sanitaria del COVID-19.
Desde el propio Ministerio del Interior, según una notificación a diversos medios de comunicación, se puntualiza que esa comunicación debía ser «a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas».
Tras esta información, el Ministerio del Interior señala que el cese se produce por una pérdida de confianza derivada «entre otros, porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando».
Sin embargo, la información trascendida en el día de hoy desata otro torbellino político que pone contra las cuerdas la gestión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con peticiones de dimisión por parte de la oposición, PP, VOX y Ciudadanos.