El Gobierno de Zaragoza ha aprobado interponer el recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) por la paralización del proyecto de La Romareda. La decisión se toma tras conocer los informes de la Asesoría Jurídica Municipal y el Servicio de Administración de Suelo y Vivienda que avalan el planteamiento de abrir la vía judicial en defensa de los intereses y el planteamiento municipal.
El pasado 4 de julio, el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) comunicó al Ayuntamiento de Zaragoza el acuerdo por el que se estimaba el recurso especial interpuesto por el concejal de Podemos en el anterior mandato, Fernando Rivarés, frente al procedimiento de licitación del proyecto de la nueva Romareda. Este acuerdo del órgano administrativo dependiente del Gobierno de Aragón declaraba la nulidad del procedimiento licitatorio municipal, permitiendo tan solo la interposición, en el plazo de dos meses, de un recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA.
Ahora, una vez conocidos los informes elaborados por los técnicos municipales, el Gobierno de la ciudad ha aprobado encargar a la Asesoría Jurídica Municipal preparar y presentar dicho recurso, “en concordancia con los anclajes jurídicos y la seguridad que otorga la independencia y profesionalidad de los funcionarios municipales”, abriendo así la vía judicial que dé respuesta a “los derechos legítimos del mejor proyecto que ha tenido la ciudad para construir un nuevo estadio de fútbol, que no le costaría dinero a los ciudadanos y que revertiría en cuantiosos beneficios para Zaragoza, desde los aspectos económico, de empleo y de proyección exterior”, ha informado el portavoz del Gobierno municipal, Víctor Serrano.
A este respecto, los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza defienden la absoluta legalidad y legitimidad de emplear la fórmula de derecho de superficie para la construcción y explotación del estadio municipal, así como sus usos terciarios incorporados, en línea con los distintos proyectos emprendidos bajo este formato por distintas administraciones públicas, en concordancia con la legislación y normativa vigente.