El Gobierno de Zaragoza tiene previsto aprobar esta semana el desembolso de un importe total de 470.848.25 euros, correspondiente a los justiprecios expropiatorios de hasta seis propiedades en la zona de Zamoray-Pignatelli.
Con esta acción, se llevará a cabo la formalización de las primeras expropiaciones del Plan Especial de la zona, permitiendo al Ayuntamiento adquirir las diversas parcelas con el propósito de desarrollar proyectos de vivienda.
Además, en caso necesario, se dará inicio a los procedimientos legales para desalojar a los okupas de estas propiedades, una medida solicitada por los residentes desde el inicio del proceso y que ahora podrá implementarse al pasar la propiedad a manos municipales.
«La zona de Zamoray-Pignatelli ha estado sumida en una preocupante inercia donde ninguna institución actuaba«, ha proseguido el consejero de Urbanismo e Infraestructuras, Víctor Serrano, quien ha aseverado que, «a pesar de encontrarnos con una situación terriblemente compleja y muy difícil, hemos impulsado políticas y acciones útiles que ayuden a los vecinos».
Las actuaciones se dividieron en distintas líneas principales y primordiales: adquisición de suelos y edificios, puesta en marcha de nuevos equipamientos, regeneración de espacios públicos y políticas de vivienda.
COMPRA Y EXPROPIACIÓN DE SUELOS
Mediante la compraventa directa, llegando a distintos acuerdos con los propietarios, el Ayuntamiento ya ha adquirido en este tiempo, por 2.057.408 euros, un total de 13 solares y edificios. A esto se sumó un complejo proceso de expropiación, con base en el interés general y la regeneración urbana, en el que se ha comenzado ahora a materializar todos los esfuerzos de los trabajadores municipales encargados de esta materia. El objetivo es hacerse con hasta 10 inmuebles y solares en su totalidad (repartidos en 19 propietarios), para lo que hay una consignación económica de 1.868.128 euros.
De esta manera, el Ayuntamiento de Zaragoza podrá hacerse en breve, una vez realizados todos los trámites documentales, con la propiedad al 100% de dos edificios y de un solar. En este caso se trata de Agustina de Aragón, 29, un solar derribado de 160 m², por el que se pagará el justiprecio de 132.707,48 euros, aceptados por los propietarios, que se dividían la propiedad en dos partes (una de 78,88% y otra de 21,12%).
También se encuentra en esta situación el inmueble de Agustina de Aragón 6, que está edificado y desocupado, con una superficie de suelo de 101 m² y una superficie edificada de 466 m². Y, del mismo modo, el inmueble de Ramón Pignatelli, 67, que está edificado y okupado, pasará a manos del Consistorio tras el pago de 100.463,12 euros a las dos propiedades (una al 92,13% y otra al 7,87%). Aquí, el Ayuntamiento tendrá, en un suelo de 86 m², doce pisos repartidos en 5 plantas que suman 505 m² edificados.
OTRAS PROPIEDADES
Además, el Gobierno de Zaragoza también aprobará el pago para la expropiación de distintas propiedades en otros dos edificios de la zona. Por un lado, en el inmueble edificado y tabicado de Agustina de Aragón 26, el Ayuntamiento se hace con el 12,05% de la propiedad total, por 13.586,54 euros. Se trata de una de las fincas más complejas en el ámbito administrativo por contar hasta con 6 expedientes por distintos propietarios.
Asimismo, Urbanismo se hará con el 77,25% de la propiedad de uno de los edificios que más preocupación había levantado entre los vecinos: Ramón Pignatelli, 76. Con la aprobación de abonar el justiprecio expropiatorio a uno de los propietarios, el ayuntamiento pasará a tener bajo su dominio 16 de los pisos.
PRIMERAS ACTUACIONES EN LAS PROPIEDADES
Las primeras acciones del Ayuntamiento de Zaragoza, una vez sea efectiva su capacidad de actuación, irán encaminadas a la seguridad, tapiando y cerrando los espacios de su propiedad para evitar que sean foco de degradación o de okupaciones ilegales.
En caso de que se detecten moradores, de la mano de los servicios sociales municipales, se estudiarán los casos que sean objeto de acción social, mientras que en los casos de okupación y delincuencia se emprenderán las medidas legales oportunas para que se ejecuten por parte de los tribunales las órdenes de desalojo.