El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de España ha marcado un punto de inflexión en la política energética del país al aprobar la declaración de impacto ambiental para un nuevo proyecto de Forestalia.
Esta empresa aragonesa se ha posicionado como un actor clave en la transición hacia las energías renovables en España, pero su expansión no ha estado exenta de controversia, especialmente en lo que respecta a la implementación de líneas de alta tensión en distintos territorios.
Forestalia ha obtenido autorizaciones para conectar parques fotovoltaicos y eólicos en Zaragoza con la red eléctrica nacional, lo que implica la construcción de líneas de alta tensión para evacuar la energía generada. Sin embargo, este proyecto ha generado un conflicto en varios territorios, incluyendo Cataluña, Navarra, País Vasco y la Comunidad Valenciana, donde ha surgido oposición tanto administrativa como popular.
En Cataluña, particularmente en Hostalets de Pierola (Anoia), el proyecto amenaza con cruzar un término municipal ya cargado con el segundo mayor vertedero de España y una subestación eléctrica. La propuesta de Forestalia añadiría ocho kilómetros de línea y cuatro subestaciones eléctricas más, lo que ha generado preocupaciones sobre el impacto ambiental, especialmente en especies protegidas como el águila perdicera.
Estas ‘autopistas eléctricas’, que pueden alcanzar hasta 80 metros de altura, forman parte de la planificación de Red Eléctrica de España (REE) y son fundamentales para transportar energía y mejorar la fiabilidad de la red eléctrica nacional.
Sin embargo, las líneas privadas, como las propuestas por Forestalia, tienen como único objetivo transportar electricidad de un punto de origen a otro de descarga, sin integrarse en la red eléctrica general. La línea Grañén-Pierola cruzará 135 kilómetros de territorio catalán; la Valmuel-Begues, 180; y la Laluenga-Isona, 23. En total, cerca de 330 kilómetros sólo en territorio catalán.
La propia Generalitat de Cataluña ha manifestado su desacuerdo con el proyecto, basando sus argumentos en la afectación crítica a la fauna local y en la falta de información adecuada por parte de Forestalia. Los municipios afectados por esta línea de muy alta tensión están considerando acciones legales y protestas para frenar la construcción. Esta infraestructura tiene por objeto descargar en la ciudad de Barcelona toda la electricidad generada en siete parques eólicos y fotovoltaicos de Huesca.
EL CASO DE LA RIOJA
El Gobierno de La Rioja ha tomado una postura firme contra el proyecto de línea de alta tensión de Forestalia, que conectaría Tauste (Zaragoza) con Júndiz (Álava), debido a las graves repercusiones que tendría en la región.
Esta decisión se produce tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la declaración de impacto ambiental emitida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) sobre la línea de Forestalia, un proyecto que busca evacuar energía sostenible en La Rioja, País Vasco y Castilla y León.
La consejera de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Medio Ambiente de La Rioja, Noemí Manzanos, expresó la preocupación del Gobierno regional, compartida por numerosos ayuntamientos afectados, la Denominación de Origen Calificada Rioja, plataformas de defensa del paisaje y el Parlamento Regional.
El Ejecutivo riojano ha presentado informes desfavorables al Ministerio y está dispuesto a recurrir a todos los medios legales necesarios en caso de que el proyecto sea aprobado por el Gobierno central.
Manzanos ha enfatizado la confianza en la sensibilidad del Ministerio de Transición Ecológica respecto al medio ambiente y la sostenibilidad, así como el valor patrimonial natural y cultural en riesgo por este proyecto. El Gobierno riojano se muestra contundente, subrayando que está en juego el futuro de La Rioja.
El proyecto implicaría la instalación de 251 torres de alta tensión, con alturas de entre 45 y 70 metros, atravesando La Rioja de este a oeste. Esto tendría un impacto irreparable en el paisaje, zonas protegidas, patrimonio histórico-cultural y áreas agrícolas, particularmente en zonas vinícolas, afectando negativamente la estética y la biodiversidad del área.
La consejera ha señalado que la declaración de impacto ambiental está condicionada a la obtención de informes favorables de las comunidades afectadas, incluyendo La Rioja. Por tanto, el Gobierno riojano está trabajando intensamente para informar al Ministerio de las graves consecuencias que el proyecto tendría en el patrimonio cultural y natural de la región, incluyendo el paisaje del vino y el viñedo, así como en el Camino de Santiago.
La preocupación del Gobierno de La Rioja se extiende a las posibles afecciones en la biodiversidad, citando como ejemplo el aguilucho cenizo, una especie protegida que podría verse afectada por la línea de alta tensión. Además, se teme un serio daño al paisaje riojano, vital para la economía de la región, con casi 180 km de línea afectando el entorno visual.